La Policía rescató en las últimas horas a 24 perros de diferentes razas que se encontraban en malas condiciones de salud en un criadero ilegal montado en un departamento del barrio de Caballito. Los dueños de la vivienda quedaron detenidos en su domicilio por su avanzada edad e imputados en una causa por maltrato animal, mientras que los perros fueron asistidos y llevados a una ONG.
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Integrantes del Personal de la División Delitos Ambientales del Departamento Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad dio cumplimiento en las últimas horas a una orden de allanamiento emanada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurián y ante la Secretaría del doctor Ricardo Bomparola, en el marco de una causa por maltrato animal, lo que se indica como una infracción a la Ley 14.346 . La causa se inició por una investigación de esa división de la Policía de la Ciudad, que determinó que en una casa de la avenida José María Moreno al 100, en el barrio de Caballito, funcionaría un criadero clandestino de caniches.
En el procedimiento se comprobó que la casa, donde reside una pareja mayor, había 24 perros, en su mayoría caniches, en condiciones propias de infracción a la ley, declarándose el lugar como criadero canino clandestino. El departamento cuenta con seis ambientes, sin salidas al exterior, y los perros estaban hacinados, casi desnutridos y sin las medidas de higiene necesarias.
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Ante la consulta a la fiscalía interventora, se dispuso la detención domiciliaria de la pareja, ya que ambos tienen más de 70 años y en prevención por su estado de salud, a la espera de la indagatoria. También la fiscalía ordenó hacer entrega de los animales a una organización sin fines de lucro destinada al resguardo. Para tal fin dispuso la presencia de un móvil de la División Perros de la Policía de la Ciudad para contar con el transporte para el traslado.
Un veterinario de la Agencia de Protección Animal de la Ciudad (APRA) revisó a los animales, en tanto que para el cumplimiento de la manda judicial dio colaboración un representante de la ONG Soplo de Vida.