La familia de Florencia Magalí Morales, la joven oriunda de Mendoza que fue encontrada sin vida dentro de una de las celdas de la comisaría 25 de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en San Luis, denunció en las últimas horas que el caso, caratulado como "averiguación de causales de muerte", está "paralizado" a pesar de que apartaron a los policías implicados.
La mujer de 39 años había sido detenida el domingo 5 de abril cuando iba en bicicleta por las calles de Santa Rosa del Conlara, la localidad del noreste de la provincia San Luis a la que se había mudado.
El parte policial detalló en aquel entonces que la mujer violó la cuarentena y no hizo caso a la voz de alto, por lo que fue detenida y llevada a la comisaría.
Morales se identificó, pero alegó que no llevaba consigo el documento, aunque sí aportó su número de DNI, con terminación impar: en ese momento, el Gobierno de San Luis había dispuesto que la circulación sea por la terminación par o impar del documento y ese domingo les tocaba a los pares, por lo que quedó detenida por violar el aislamiento.
Una vez detenida en la comisaría, y de acuerdo al parte oficial, los guardias encontraron el cuerpo de Morales sin vida dentro de la celda: tenía “asido a su cuello un cordón (posiblemente de la capucha del buzo que vestía) atado al otro extremo de la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda”, detallaron los agentes.
En ese sentido -señala- los guardias intentaron reanimarla, mientras buscaban “ayuda en el nosocomio local”. Según las fuentes policiales, Morales estaba bajo tratamiento psicológico: se había separado de su violento ex marido y tenía una hija procesada en junio del año pasado, sospechada de haber asesinado a su hija (nieta de Morales).
En este panorama, el abogado de la familia Morales, Santiago Calderón Salomón, aseguró que la investigación sobre el hecho está "paralizada" desde hace dos meses.
En diálogo con Télam, el letrado dijo que desde hace tiempo espera que se resuelva un pedido de recusación planteado contra el juez de la causa y una apelación a la decisión de éste de que para realizar una nueva autopsia la familia de Morales se debe hacer cargo de pagar los gastos de la exhumación.
A dos meses de ocurrido el hecho, que generó que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, le pidiera un informe detallado al ministro de Seguridad, Gobierno y Culto de la provincia, Fabián Antonio Filomena Baigorria, el abogado afirmó que el expediente a cargo del magistrado puntano Jorge Pinto “no avanza judicialmente".
Calderón Salomón aseguró que hay “muchas las dudas sobre las casuales de muerte de Florencia" y sobre lo que sucedió desde el momento de su detención hasta el que fue hallada sin vida en la celda.
“Hay una versión que dice que fue detenida en la vía pública y otra que fue detenida en dependencias de la comisaría a la que había ido a buscar a un oficial que conocía”, explicó.
Además, añadió que con el fin de esclarecer ese punto se pidieron las cámaras de seguridad correspondientes, aunque "a dos meses esa prueba no ha sido provista”. Explicó que tampoco se tomó declaración testimonial a dos personas que estaban detenidas en la misma sede policial que Morales, quienes habían inicialmente afirmado que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”. Ambos fueron trasladados a otra sede policial.
El abogado dijo que además queda pendiente una nueva autopsia al cuerpo de la mujer solicitada por la familia, ya que sus allegados afirmaron que cuando la vieron "presentaba un golpe en el pómulo” a pesar de que al momento de ser detenida la médica que de rigor la revisó dijo que "no tenía signos de maltrato".
Siempre según los dichos del letrado, la Justicia hizo lugar a ese pedido, informó al municipio que estaba autorizada la exhumación, aunque dispuso que sea la familia Morales la que pague los gastos de esa diligencia, lo que fue apelado. Calderón Salomón denunció “la falta de rigurosidad del informe de la primera autopsia”, en la que "faltan hisopados y otras pericias”.
Tampoco queda claro qué cantidad de efectivos estaban en ese momento en la dependencia, ya que si bien se pasaron a disponibilidad los cinco oficiales un miembro de criminalística que llegó al lugar afirmó que se encontró con aproximadamente diez: “Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios hablan de que estaba en el piso, por lo que se supone que fue manipulado”.
Finalmente, el letrado dijo que aguarda que se resuelva el pedido de recusación del juez Pinto por “supuesta parcialidad y prejuzgamiento”, al tiempo que consideró que "con el 80 por ciento de la prueba sin producirse es prematuro pensar en un suicidio”.
“Hemos sido muy cautelosos y no descartamos ninguna hipótesis. Lo que se busca es que se investigue en profundidad", concluyó.