El juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, dictó hoy la prisión preventiva a 11 de los 13 detenidos luego de la masacre ocurrida el 20 de mayo en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, donde murieron cuatro chicos por una persecución policial.
En el hecho murieron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14), mientras que Rocío Quagliariello (13) sufrió graves heridas. Además de los 11 policías, también permanecerá preso el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez, acusado de "encubrimiento agravado".
Los efectivos Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez están acusados de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa".
Mientras tanto, sobre los policías Franco Micucci, José Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Domínguez pesan los cargos de "falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", y el teniente Héctor Ángel está acusado sólo por "encubrimiento agravado". En los casos de los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, finalmente, se dictó la falta de mérito y fueron liberados.
"Agresión homicida inmotivada"
En su resolución, Silva Pelossi dictaminó que los 11 imputados que debían quedar presos podrían "tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación" y consideró que el hecho del que se los acusa es "de suma gravedad, a saber por la pluralidad de intervinientes, la nocturnidad, la calidad de funcionarios públicos dotados del deber de resguardar a civiles, el ilícito empleo de armas de fuego y el peligro que ocasionaron a terceros con la persecución inmotivada".
Además, el juez consideró como agravantes "la calidad de menores indefensos de cuatro de las víctimas y del adulto, todo lo cual hace a una agresión homicida inmotivada hasta el momento", y estuvo de acuerdo con la jueza de garantías que estuvo a cargo de la causa en su ausencia, Mónica Garmendia, que calificó el hecho como "la perpetración de una masacre de niños indefensos".