07 Abril de 2025 10:45

"Esta noche me van a violar". No fue un grito. No fue un llamado. Fue una frase escrita con esfuerzo tembloroso, con la urgencia de quien sabe que está sola, vulnerable y en peligro. La escribió una mujer de 34 años, internada en terapia intensiva del Hospital Rawson de Córdoba, sin poder hablar, ni moverse con libertad. La entregó a su esposo como quien lanza un salvavidas al mar. Y con esa breve nota volvió a encenderse una alarma que nunca debió haberse apagado. Porque ya había pasado antes.
Un año atrás, otra mujer, otra paciente, también internada en el mismo hospital, también en terapia intensiva, también imposibilitada de hablar, denunció haber sido abusada sexualmente por un enfermero. Logró comunicarse con su padre a través de señas y un celular. Delineó, con la última fuerza que le quedaba, la palabra más cruel: violación. Tres veces, dijo. Tres veces mientras estaba intubada. Tres veces en el lugar donde debía recibir cuidados. Murió tres días después, el 21 de junio de 2024.
No pudo declarar. Según informó Perfil, la víctima fue identificada como D.C. Tenía 36 años. Ya arrastraba un dolor insoportable: había perdido a su pareja y a su hijo poco antes de su internación. La meningitis terminó de quebrar su cuerpo, pero no su voluntad de dejar un mensaje tan doloroso como cruel. La causa, iniciada por su familia, quedó en manos del fiscal Juan Ávila Echenique, quien desde entonces intenta reconstruir lo ocurrido. El foco está puesto en las cámaras de vigilancia, en la lista de personal que entró a la unidad y en los testimonios de quienes compartieron sala con ella. En los próximos días, una testigo clave prestará declaración.
La investigación había quedado congelada. Hasta que llegó otra voz escrita desde el silencio. La paciente que escribió la nota tiene 34 años. Sufre lupus y encefalitis viral. Está internada hace más de 40 días. No puede hablar, pero puede escribir. Su mensaje hizo temblar a su familia y reabrió las puertas de un hospital que, hoy, es más un laberinto de sombras que un centro de salud. La fiscal Ingrid Vago tomó el caso y ordenó pericias médicas urgentes. La investigación enfrenta múltiples obstáculos: no hay cámaras en el área de terapia intensiva y el acceso es amplio y continuo, con médicos, enfermeros, kinesiólogos, personal de limpieza y administrativos que circulan sin restricciones.
El Ministerio de Salud respondió activando el protocolo por abuso. La directora del hospital, Claudia Toledo, confirmó que se asignó custodia policial permanente en la puerta de la habitación de la víctima y se extendieron los horarios de visita para que su familia pueda acompañarla más tiempo. También se restringió el ingreso a una lista cerrada de personal autorizado. Pero nadie fue apartado de su cargo todavía. "No hay elementos que lo justifiquen", dicen.
Mientras dos fiscalías trabajan en paralelo -una investigando un abuso consumado y otra un intento en curso-, el Hospital Rawson se convirtió en el epicentro de una denuncia doble y gravísima, que pone en tela de juicio no solo a sus empleados, sino también a sus protocolos, sus controles y su sistema de protección a los más vulnerables. El caso de D.C. quedó, hasta ahora, sin responsables. Sólo llegó a deletrear que fue atacada por un enfermero que habría descripto como "gordo".
La nueva víctima está viva, pero no puede defenderse por sus propios medios. Y su entorno teme que se repita la historia. Temen que el sistema la deje sola, como ya pasó. Temen que su carta no alcance. La fiscal Vago es consciente de la fragilidad de su testimonio. "El caso es delicado, tanto por la salud de la víctima como por la dificultad de obtener pruebas claras", reconoció una fuente judicial. Pero no hay margen para el error.
Porque si no se actúa a tiempo, el hospital puede convertirse -otra vez- en el escenario de una tragedia anunciada. El Rawson es un hospital público, de referencia, de alta complejidad. Pero en su interior, hoy, dos historias convergen con una coincidencia atroz: mujeres inmovilizadas, sin voz, que denuncian haber sido abusadas mientras estaban en cuidados intensivos. La sociedad exige respuestas. Las familias, justicia. Y las pacientes, amparo. Porque en el fondo, más allá de los diagnósticos médicos y las complejidades judiciales, hay una verdad que duele demasiado para seguir siendo ignorada: en el lugar donde más seguras deberían estar, hay mujeres que tienen miedo de dormir.