El 24 de septiembre de 2016 por la noche, Iván Navarro volvía caminando a su casa cuando en una de las esquinas, un grupo de agentes de la Prefectura requisaba a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años. El joven de 18 años se acercó a ver qué pasaba, razón por la cual los agentes le pidieron el DNI y lo requisaron. A los pocos minutos llegaron cinco móviles con más de 20 prefectos.
Los jóvenes detenidos y torturados.
Según denunciaron ambos jóvenes, los esposaron y los subieron a la fuerza a uno de los móviles. Ya en el destacamento policial, los encerraron en un cuarto, los “insultaron” y les “pegaron” para después llevarlos a un descampado frente al Riachuelo, donde los volvieron a torturar y simularon un fusilamiento. Allí, les volvieron a pegar, le robaron sus cosas y los dejaron ir.
Desde el viernes 11 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal 9 de la ciudad llevó adelante el juicio oral contra seis agentes de Prefectura Naval que en septiembre de 2016 detuvieron ilegalmente y torturaron a los dos adolescentes en la Villa 21-24 de Barracas. Y a dos años de aquel hecho, los seis efectivos fueron condenados hasta 10 años y medio de prisión.
Los agentes fueron condenados por el Tribunal Oral 9.
Se trata de los oficiales Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez, los cuales recibieron una pena de 10 años y medio de prisión, y los agentes Eduardo Sandoval, Yamil MarsillI y Ramón Falcón, quienes fueron condenados a 8 años y 11 meses.
El Tribunal, presidido por el juez Fernando Ramírez, sostuvo que los acusados incurrieron en los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Además, se les impuso una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
A los oficiales se les impuso una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
Los fundamentos del fallo se leerán el próximo 22 de octubre, jornada en que también se instruirán las medidas para que el Ministerio de Seguridad evite que estos hechos vuelvan a repetirse.