Lucia Costa Osores murió horas después de haberse quemado viva el viernes 9 de octubre de 2020 dentro del bar Zar Burgers&Beer, en la localidad de San Miguel.
Esa noche, luego de meses sin poder salir como consecuencia de la cuarentena por el coronavirus, la joven de 18 años asistió con amigos a una cervecería en la que se produjo una explosión en la mesa en la que ella se encontraba sentada, producto de que la camarera del lugar acercó un bidón de alcohol a un centro de mesa que tenía fuego.
Tras el fallecimiento de Lucía, su familia movió cielo y tierra para que el hecho no quedara impune, y a raíz de la denuncia, se abrieron tres expedientes distintos, los cuales no avanzan como se espera a 9 meses de su muerte.
El primero, y principal, se tramita actualmente en la UFI N°4, donde están imputados por el delito de "homicidio culposo" el dueño del lugar, el encargado, la cajera y la camarera que acercó el bidón.
Más allá de eso, se abrió también una investigación en la UFI N° 20 por el delito de robo, ya que tras el incendio, muchos de los jóvenes afectados (quienes también se quemaron) perdieron sus pertenencias y hasta el día de hoy no pudieron recuperarlas porque no se sabe dónde están. Una de ellas es el celular de Lucía, el cual gracias a una cámara de seguridad, se sabe que lo tuvo en su poder la cajera del lugar, pero que en el momento no se lo quiso devolver a una amiga de la joven.
Leer más | La palabra de Noelia, una de las mujeres que denunció haber sido violada en el Güemes: "En la cola tenía marcas de dedos de diferentes tamaños"
"La cartera de Luci apareció, pero el celular no. Otros celulares también desaparecieron, pero algunos de los chicos lo pudieron recuperar. No entiendo cuál es el motivo de hacerlo desaparecer, Lucía sacaba muchas fotos, hay que ver qué es lo que había", cuestionó Lorena Osores, madre de Lucía.Además, se inició en la Fiscalía N° 8 también una causa administrativa contra los responsables de las habilitaciones y los controles por parte del municipio, ya que según la pericia que hicieron los bomberos en el lugar, el bar no contaba con ninguna de las medidas que debía tener para estar abierto al público.
"Hay pruebas, pero lo que está pasando no hace que nadie vaya preso ni que se cambie la carátula. La causa está yendo para un lado donde nadie es culpable ni responsable. Sin embargo yo, que no sé nada, y que soy la madre, me di cuenta de situaciones que hay en la causa que no corresponden, porque la responsabilidad está, hay miles de pruebas", sostuvo en diálogo con BigBang.
Cansada de que la investigación no avance, esta semana Osores pudo reunirse con el Juez de Garantías de la Fiscalía 4, Mariano Gónzalez, quien la escuchó atentamente. "Mi objetivo es poder llegar a algo, porque como se están dando las cosas, parece que no pasó nada, si no hubiera sido Lucía, hubiera sido otro en su lugar. Es terrible como se manejaron, y como se siguen manejando. Con todas las pruebas que hay de que esto podría haberse evitado, aún no es suficiente para hacer un cambio de carátula", se quejó.
Leer más | Derrumbe en Miami: encontraron los cuerpos de dos nenas de 4 y 10 años, y de su mamá
Convencida de que las cosas pueden mejorar, Lorena cambió de abogada, la representa Liz Barrionuevo, con quien ahora leerán nuevamente toda la causa, para poder así pedir a través de la querella nuevas medidas de prueba."Vamos a hacer una pericia para el centro de mesa, para ver cómo funcionaba. Vamos a ver todo lo que hay, para que algo cambie, para que suceda algo, porque no puedo quedarme llorando. Yo quiero cambiar las cosas. Acá tienen más garantías los culpables, y mi hija que está muerta, no. Voy a seguir hasta el ultimo aliento de mi vida, porque la hicieron sufrir un montón a mi hija, la prendieron fuego viva, y esto se podría haber evitado", aseguró por último Osores, quien además agradeció por difundir el caso y no dejar que quede en el olvido.
Del mismo modo, Manuel Aramayo, el abogado que representa al papá de Lucía en la otra querella, explicó que por su parte solicitaron también la ampliación de la imputación para otros funcionarios públicos de San Miguel, como el intendente y el secretario de Gobierno y quienes controlan las inspecciones de los diferentes lugares gastronómicos.
"Esto lo hicimos inicialmente en la UFI N° 4 y nos derivó para que nos manejemos con la UFI N° 8, que es la que maneja lo delitos complejos relacionados con las irregularidades que tienen los organismos de Gobierno, ya sea municipal o provincial. En el escrito que enviamos hemos fundamentado bien por qué queremos que haya una ampliación de imputación y un cambio de calificación legal, y en principio la respuesta fue negativa", aclaró el letrado.
Sin embargo, entiende que no está bien justificado el rechazo por parte de la fiscalía, porque la representante del Ministerio Público solo dice que no corresponde ampliar la imputación, pero no aclara los motivos.
"Esto nos preocupa, nos molesta, porque si bien hay funcionarios públicos que ya están imputados y son los que estuvieron en el lugar del hecho, como los agentes de control urbano, que sí son investigados por la fiscal, nosotros entendemos que la relación de causalidad para los otros funcionarios se daba por una cuestión clara y simple: el artículo 1753 del Código Civil y Comercial", sostuvo.
Este artículo indica que "el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas", y en esta causa el letrado lo asocia con la responsabilidad del intendente ante lo sucedido, dado a que el lugar estaba habilitado.
Actualmente en esta causa están imputadas dos personas que se dedicaban al control de los bares en la localidad, quienes pasaron por la puerta del bar cuando había ocurrido la explosión, y en lugar de ayudar, no hicieron nada.
"Hay pruebas importantísimas de parte de los testigos y de la UFI N°4 que habla de la responsabilidad de los funcionarios que faltan. En San Miguel en ese momento no estaban en fase 3, había cosas que no estaban permitidas y aún así el municipio sacó un comunicado contradiciendo lo que decía la Provincia. Los comercios gastronómicos no tenían que haber abierto, ni con gente adentro ni gente afuera, y el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, dijo lo mismo en ese momento, pero han hecho caso omiso a la cuestión", cerró el abogado.