Trata, venta de documentos y deserción: desbarataron una banda que traía embarazadas rusas

Las desconcertantes imágenes que se vieron a fines de la semana pasada, de un grupo de embarazadas rusas intentando ingresar a la Argentina y durmiendo en el Aeropuerto de Ezeiza para tener a sus hijos en clínicas locales, desnudó un entramado de turismo ilegal con el fin de poder conseguir la ciudadanía local, acceder al pasaporte argentino -que garantiza el ingreso al doble de países que el ruso- y evitar que sus futuros hijos sean convocados para pelear en alguna futura guerra.

Con esta premisa es que funcionaba una organización que conseguía papeles para las residentes y sus retoños, a intercambio de cifras económicas que llegaban a los 35 mil dólares, según se pudo determinar luego de que la Policía Federal Argentina (PFA) allanó dos domicilios en Puerto Madero, uno en la calle Juan Manso y el otro en Azucena Villaflor. Uno de estos departamentos pertenecía a la mujer que asistió en Ezeiza las embarazadas que iban a ser deportadas.

Durante los operativos se dieron con muchas pruebas de que allí funcionaba esta organización ilegal que era investigada desde hace un mes y medio por la PFA. Notebooks, celulares, tablets, documentaciones de todo tipo y procedencia y dinero extranjero y local, fueron algunos de las elementos con los que se encontraron los policías.

Además, pudieron comprobar que la banda había traído a 32 personas a la Argentina, lo que despertó la sospecha de que pudiesen pertenecer a un espacio de trata de personas, ya que sólo encontraron a dos mujeres en los domicilios y se preguntan sobre el paradero de muchas de las otras treinta, que dieron direcciones falsas o inexistentes tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata. Según explicaron los investigadores de la demanda que se asentó en la División Denuncias de Delitos Federales, el modus operandi plantea "una fecha de regreso pero no tienen pasaje de vuelta".

Según detallaron los investigadores del Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, las mujeres buscaban conseguir la ciudadanía local a partir del nacimiento de su hijo, y luego partir a otros lugares como Estados Unidos o Europa. Las víctimas de este tipo de acciones ilegales eran mujeres de familias pudientes rusas, ya que la cifra a abonar iba desde los 20 mil a los 35 mil dólares.

Además, el domingo ingresó al país el ciudadano ruso Valentin Kazantsev, de 37 años, quien se salvó de ser deportado luego de pedir asilo a la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), asegurando que es víctima de una persecución política en su país. El europeo estuvo a segundos de ser expulsado ya que pesaba sobre él un alerta naranja de Interpol, aunque argumentó que eso se debía a que él había perdido su pasaporte, lo había recuperado, y nunca retiró la denuncia.

"Kazantsev denunció como perdido su pasaporte y le emitieron otro. Después encontró la documentación perdida y, equivocadamente, la utilizó. Pero se logró acreditar su identidad", reconocieron ante el diario La Nación personas cercanas a él.

Su solicitud ante la CONARE fue auspiciada por su abogada, la Dra. Liliana Borsiuk. Kazantsev había llegado a la Argentina en un vuelo de Ethiopian Airlines sólo un día después de que el juez federal Luis Armella, subrogado en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, habilitara el ingreso de cuatro de las seis embarazadas que presentaron habeas corpus en suelo argentino. Aunque el magistrado pidió enseguida la devolución a Moscú del ciudadano ruso 

"El planteo es que no quiere ir a la guerra y ya presentó todos los argumentos correspondientes para que sean analizados y tenidos en cuenta", reconoció a Infobae una fuente judicial. Por otro lado, el abogado Christian Rubilar Pansiuk recordó que "el Tratado de Palermo establece que no puede ser perseguido penalmente una víctima y el artículo 32 del Tratado de Refugiados establece que no puede ser devuelto".

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"Tiene a su familia acá en la Argentina. Acá está su mujer embarazada y su hijito. Apenas la retuvieron en Ezeiza se contactó con su familia en Rusia, que le envió inmediatamente toda la documentación para acreditar que el pasaporte presentado ante Migraciones es de él. Las autoridades no pueden bajo ningún punto de vista mandarlo de nuevo a Moscú, incluso teniendo dudas de la autenticidad de su pasaporte. En esos casos, a las personas se las detiene, no se las deporta", agregó el letrado que impulsó habeas corpus para las primeras embarazadas que llegaron el viernes y presentó pruebas contra las supuestas redes de trata.

Por otro lado, la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, se refirió al escándalo en sus redes sociales. "Argentina tiene historia y legislación que abrazan a los migrantes que eligen vivir en el país en busca de un futuro mejor. Esto no avala que organizaciones mafiosas lucren ofreciendo con artilugios obtener nuestro pasaporte a personas que no quieren residir en nuestro país", escribió la funcionaria en su Twitter.

"A partir del análisis permanente que realiza Migraciones de los movimientos migratorios, detectamos un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses. Por eso decidimos investigar y entrevistamos a 350 de ellas que estaban con embarazo avanzado", agregó Carignano.

"En las entrevistas descubrimos que esta organización les ofrece a cambio de una suma importante, un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje. Ya aportamos los datos a la justicia federal para seguir cuidando nuestro pasaporte", resaltó la directora de Migraciones.

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La cantidad de mujeres embarazadas que ingresan a la Argentina provenientes de Rusia y Ucrania viene siendo altísima. Carignano denunció ante TN que el jueves por la noche, "en el último vuelo de Ethiopian entraron 33 ciudadanas rusas con embarazos de entre 32 y 33 semanas".

Según datos de Migraciones, en 2022 ingresaron 14.068 ciudadanos rusos a la Argentina. El viernes Carignano reconoció que "en los últimos meses" aproximadamente 5.819 mujeres rusas embarazadas tuvieron a sus hijos dentro de las fronteras nacionales del país.

"Nosotros prestamos un servicio de calidad, de traducción, de información y de acompañamiento. No traficamos personas. Son acusaciones falsas y esas palabras van a tener consecuencias. Somos un equipo, vendemos nuestro tiempo. No vendemos ni pasaportes, ni DNI. Vendemos información sobre cómo conseguir estos documentos legalmente", explicó ante C5N Kirill Makoveev, fundador de la organización RuArgentina.

"Prestamos los servicios que faltan en el mercado. Nadie va a hablar con una rusa embarazada en idioma ruso acá en Argentina, ni en los hospitales, ni en la Dirección Nacional de Migraciones, ni en los juzgados. Entonces tiene que aprender a hablar español o utilizar nuestros servicios", detalló el hombre que confirmó que su servicio se vende a las mujeres más pudientes de Rusia y que tienen un valor mínimo de 5.500 dólares.