La polémica estalló cuando jueces de todo el país comenzaron a ordenar arrestos domiciliarios para descomprimir las cárceles como consecuencia del coronavirus. Según el ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires 599 detenidos lo hicieron bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Pero el caso que despertó la furia de cientos de personas ocurrió en la provincia de Neuquén: el ex militar Ramón Eugenio Llull, quien había sido condenando a 12 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo que ejerció de manera sistemática contra su propia nieta, de siete, durante cuatro años: desde 2006 a 2010, fue beneficiado con prisión domiciliaria en el marco del COVID-19.
Fue el Tribunal de Impugnación el que dictó la prisión domiciliaria a Llull, por orden de los jueces Richard Trincheri, Liliana Deiub y Federico Sommer, los cuales fundamentaron su decisión de otorgar este beneficio a Llull “por tener 69 años y estar en el grupo de riesgo de Covid-19”.
Sin embargo, el nombre que se convirtió en tendencia este lunes por la liberación del condenado, quien además se encuentra hospedado en una casa ubicada a tan solo diez cuadras de la víctima y sin una tobillera que corrobore su paradero, es el de Leticia Lorenzo.
Se trata de la jueza de Garantías de Zapala, Neuquén, que cobró gran popularidad el año pasado por señalar las falencias del Poder Judicial, declararse feminista y comenzar a utilizar el lenguaje inclusivo en sus fallos e intervenciones durante las audiencias: "les jueces” o “les acusades” son su marca característica.
Para determinar la domiciliaria, los jueces del Tribunal de Impugnación pidieron un informe socio-ambiental, para determinar dónde y con quienes iba a convivir el condenado, y la acreditación de una tobillera electrónica para que Llull pueda ser monitoreado.
Si bien el fiscal señaló en el informe que “no estaban dadas las condiciones” para que Llull recupere la libertad, dado que la casa donde iba a ser alojado -donde viven dos de sus hijos- también viven cuatro menores de edad, la jueza Lorenzo resolvió otorgarle el beneficio.
En su resolución, la magistrada señaló que la prisión beneficiaria “se haga efectiva” para Ramón Eugenio Llull hasta el día 23 de mayo con la posibilidad de pedir una “prórroga” de la misma si se extienden las medidas del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno.
Al mismo tiempo, a causa de la escasez de tobilleras electrónicas, también decidió “dejar sin efecto la obligatoriedad del uso de un dispositivo de control electrónico debido a que es de imposible incumplimiento hasta el levantamiento de la cuarentena”.
A partir de esta decisión, el nombre de la jueza Leticia Lorenzo se convirtió en trending topic en la red social Twitter, donde fue duramente cuestionada por la decisión de liberar al hombre de 69, quien según la familia de la víctima intentó contactarla telefónicamente.
A principios de mes, el abogado de la víctima, que hoy tiene 20 años, Marcelo Hertzriken Velasco, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia el recurso de impugnación para que el ex militar vuelva a la cárcel, tildando la medida de “arbitraria”, ya que su nieta tiene “derecho a ser informada y a expresar su opinión” antes de que cobre validez, algo que no ocurrió.
“Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada”, sostuvo Velasco, quien afirmó que la víctima jamás fue notificada del beneficio que recibió Llull.
Por otra parte, en diálogo con el diario La Mañana de Neuquén, la nieta del condenado cuestionó la decisión de los jueces y denunció: “El juez salió a decir que yo tenía 20 años ahora, como si eso significara que porque soy más grande y pasó el tiempo ya lo superé, pero se equivoca, esto no se supera en toda la vida”, aseguró la víctima del ex militar.
El juez Richard Trincheri, uno de los tres integrantes del tribunal que favoreció al preso, había defendido la medida: "Es justa y tengo la conciencia tranquila".
"Le dan domiciliaria por la edad, pero se cagó en la edad que yo tenía cuando me destruyó la vida”, replicó la joven.
Y agregó: “En ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Desde los 11 años que dejó de pasar, recién a los 15 comencé a sentirme mal de ánimo. Era buena en la escuela, pero ya no quería ir ni quería saber nada con nada”.
Además, recordó: "Tuvimos una charla con mi mamá donde las dos estábamos llorando. Ella me dijo que ya no sabía qué hacer para ayudarme y no sabía qué más hacer para saber qué me pasaba. Fue ahí que yo, gritando, le dije que mi abuelo había abusado de mí”.
La víctima apuntó que antes de la condena se cruzó algunas veces en la calle con el violador y quedaba paralizada por el miedo. "Se quedaba mirándome sin decirme nada, me miraba fijo. Yo me ponía muy nerviosa y después me largaba a llorar porque temía que me hiciera algo”, aseguró.
Según contó, apenas se enteró del beneficio para su abusador, estalló en llanto. "Me dio mucha bronca y me largué a llorar de la angustia, porque yo siento que no pagó por nada de lo que me hizo. Se cagó en la edad que yo tuve cuando me destruyó, se cagó en mí, en mi vida, pero ojo, él corre riesgo por su edad y tiene que irse a casita con su familia como si nada", sentenció.
El hecho ocurrió en la localidad de Junín de los Andes: “Esa localidad que tiene 15 mil habitantes y un solo hospital público con capacidad para 26 personas. El penal tiene capacidad para 10 personas y había 33. ¿Cuánto tardaría en propagarse el virus si se contagia uno de los internos?”, se preguntó el juez Trincheri al justificar la medida que luego fue resuelta por la jueza Lorenzo.