En Ecuador se vive un clima enrarecido y de gran preocupación luego de que el candidato a presidente por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fuera asesinado frente a un gran número de personas durante un acto que se llevó a cabo en una escuela en el norte de Quito. En las imágenes del feroz y escalofriante ataque que fue captado por los teléfonos de las personas que rodeaban al ex legislador, se puede observar como Villavicencio era escoltado hasta su vehículo cuando un grupo de sicarios arremetió a los disparos. "Fueron entre 30 y 40 detonaciones de bala", según los relatos de testigos que citó el canal Teleamazonas.
El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en el Coliseo del colegio Anderson de la ciudad de Quito y el político recibió tres disparos en la cabeza. Rápidamente. el aspirante al Palacio de Carondelet fue trasladado a la Clínica de la Mujer, cercana al lugar del crimen, donde se confirmó su fallecimiento, el cual fue anunciado por el ministro del Interior, Juan Zapata, y reportado por medios del país vecino.
Luego del ataque, la Policía detuvo a seis sospechosos, de los cuales uno de ellos murió en la comisaría tras su detención. El agresor había recibido minutos antes una brutal paliza de parte de los seguidores del candidato. Villavicencio tenía 59 años y era uno de los ocho postulantes a completar el mandato del presidente Guillermo Lasso en las elecciones del 20 de este mes.
Según detallaron los medios locales, la línea de emergencia de la Policía recibió alrededor de las 18.20 (20.20 en la Argentina) un alerta por un tiroteo en Quito. Según los primeros informes, hubo otros heridos durante el atentado y luego del ataque, la Policía hizo un barrido por la zona para descartar la presencia de explosivos y cerró de inmediato el tránsito.
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El presidente Guillermo Lasso se declaró “indignado y consternado” por el crimen, que prometió que “no va a quedar impune”, y convocó a una reunión urgente de las principales autoridades del Estado para analizar la situación. “Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas; por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”, remarcó el mandatario en Twitter.Lasso llamó al palacio presidencial de Carondelet a las principales autoridades de todas las instancias del Estado, incluidos la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Justificó esa convocatoria en la necesidad de tratar “de manera urgente” el asesinato de Villavicencio, “que ha consternado al país”.
De esta manera, el mandatario ecuatoriano decretó un estado de excepción por 60 días en todo el país con el fin de "garantizar" las elecciones generales anticipadas, cuya fecha por ahora se mantiene. "Las Fuerzas Armadas a partir de ahora se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto", dijo Lasso en un mensaje por YouTube.
En su descargo, Lasso sostuvo que “el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”. Luego de una reunión del gabinete de Seguridad y altos funcionarios de otras entidades estatales, el mandatario también declaró tres días de luto nacional "para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia".
Paradójicamente, la última actividad de Villavicencio como parlamentario fue la de encabezar la comisión que llevó adelante el proceso de juicio político a Lasso, por supuesta corrupción. Cuando la Asamblea Nacional (AN, parlamento) se encaminaba a destituir a Lasso, este dispuso la llamada “muerte cruzada”, que implicó la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a quien complete su mandato, hasta mayo de 2025.
Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales y marchaba segundo en la intención de voto con 13,2%, tras Luisa González (26,6%), única mujer en liza y afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), según los sondeos. Además, venía denunciando haber recibido "amenazas" contra él y su equipo de campaña. "A mi me han dicho que use el chaleco, pero aquí estoy...camisa sudada ¡carajo!", decía el candidato antes de ser brutalmente asesinado.
En su discurso, el político de 59 años señalaba a sus seguidores y les aseguraba: "Ustedes son mi chaleco antibalas. No lo necesito, ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son los que me cuidan, vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy, aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores...se acabó el tiempo de la amenaza. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme".
Tras el ataque, un sospechoso murió luego de quedar malherido en medio de un enfrentamiento con la seguridad del candidato. Mientras que otras nueve personas resultaron heridas, incluidos una candidata a asambleísta y dos policías. Seis personas fueron detenidas por el caso que sacudió al país vecino, azotado por la criminalidad y el narcotráfico. "Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista", afirmó Lasso.
A su vez, el mandatario remarcó que no duda "que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral". Al lado de Lasso durante su mensaje, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que "la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantiene inalterable, en cumplimiento del mandato constitucional y legal".
Atamaint agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía "redoblarán la seguridad en todos los recintos electorales" para que los comicios "se desarrollen con garantías para elegir libremente, en paz y con seguridad". Villavicencio, que se declaraba independiente y desmentía que fuera cercano a Lasso, pese a que sectores afines al ex presidente Rafael Correa lo señalaron como tal, llegó a postularse a la jefatura del Estado después de una corta carrera política y una larga trayectoria en la vida pública. Fue miembro de la AN entre 2021 y 2023, período en el que presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político, y actuó allí de manera independiente, sin vincularse con ninguna de las bancadas.
Impulsó investigaciones, sobre todo en temas petroleros, a los gobiernos de Correa, Lenín Moreno y al actual de Lasso. Su mayor investigación como asambleísta fue en el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera, y su último trabajo como tal fue la dirección del juicio político a Lasso. En ese papel, fue criticado duramente por el correísmo por una supuesta cercanía con el gobierno, pero él se defendió acusando a la oposición de actuar sin pruebas. En la AN dirigió el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde donde presentó también varias denuncias, entre ellas, de supuestos vínculos de candidatos locales con el narcotráfico.
Antes de su acceso a la política, que inició como líder sindical de la empresa estatal Petroecuador, Villavicencio se desempeñó como comunicador. Durante el gobierno de Correa fue asesor del entonces asambleísta Cléver Jiménez, del partido indigenista Pachakutik. Jiménez y Villavicencio presentaron varias denuncias contra Correa, sobre todo relacionadas con el negocio petrolero. En 2014, junto al médico Carlos Figueroa, denunciaron al entonces mandatario por supuestos delitos de lesa humanidad, por la incursión de militares en el Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010, día en que Correa denunció un golpe de estado contra él.
Esa denuncia fue declarada “maliciosa y temeraria”, por lo que Correa demandó posteriormente a Jiménez, Villavicencio y Figueroa, quienes fueron sentenciados a 18 meses de prisión que nunca cumplieron, pues se refugiaron en un pueblo indígena de la Amazonia y regresaron a la vida pública cuando la pena prescribió.
Tras este episodio, Villavicencio se dedicó a trabajar como periodista de investigación en distintos portales. El caso más sonado fue el de Arroz Verde, que derivó en el proceso judicial conocido como caso Sobornos 2012-16. En este caso, Villavicencio y su amigo, periodista Christian Zurita, denunciaron un esquema de corrupción durante el correísmo mediante el cual las empresas pagaban sobornos para ganar contratos, y ese dinero era utilizado para financiar campañas electorales. La principal acusada fue Pamela Martínez, ex asesora de Correa, y el expresidente recibió una sentencia de ocho años, por el delito de cohecho.
En septiembre del año pasado, la casa de Villavicencio había sido baleada pero él sorteó aquel ataque, y en esta campaña hacia las elecciones del domingo 20 era el único candidato que no había aceptado la custodia policial que el gobierno ofreció a los postulantes.