14 Agosto de 2017 16:26
Un total de 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) serán juzgados desde mañana en los tribunales de La Plata acusados de haber provocado la muerte de 33 presos durante un incendio ocurrido en octubre de 2005 en el penal de Magdalena, una de las peores tragedia en las cárceles argentinas.
El debate comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 platense y en el banquillo de los acusados estarán el por entonces director de la cárcel, Daniel Oscar Tejeda; y el ex jefe de seguridad exterior Cristian Alberto Núñez; ambos imputados de “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.
Los otros imputados son Jorge Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Valdivieso, Reymundo Fernández, Juan Zacheo, Gualberto Molina, Juan Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Busto, Marcos Sánchez, Rubén Montes de Oca, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella, Gonzalo Pérez y Mauricio Giannobile; llegaron a juicio procesados por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”.
La masacre se produjo después de un motín.
Los penitenciarios serán juzgados por las muertes de Cristian Articaglia Cejas, Agustín Ávila Portillo, Rubén Ayala Freijo, Cristian Cáceres Fernández, Juan Campos Barretto, Roberto Cohelo Fernández, Ariel Cuevas Martínez, Diego del Valle González, Eduardo Díaz, Pablo Farías Carabajal, Nicolás Ferreyra Rodríguez, José Gamarra Mujica, Andrés Gorris Martínez y Marcos Granados Baldovino.
También fallecieron Lucas Granados Baldovino, Néstor López Demuth, César Magallanes Verón, Eduardo Maglioni Farías, Luis Medrano Rocha, Jorge Mendoza Abdala, Rubén Merlo Sagués, Ariel Mola Silva, Abraham Mosqueda Lecler, Carlos Olivera Torres, Omar Pereyra Allión, David Perosa González, Darío Puccio Camaño, Cristian Rey González, Víctor Franco Rojas, Luis Torres Pacheco, Juan Tubio Sagratella, Lucas Vallejos y Jorge Vera Melgarejo.
En el juicio intervendrán como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Después del motín hubo un incendio. Las puertas estaban cerradas con candado.
De acuerdo al CELS, estas “muertes se produjeron en un contexto en el que las políticas criminales y de seguridad se orientaban a sumar personas encarceladas” y recordaron que en 2005 llegó a haber 30.970 personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires y el 80% de ellas sin sentencia firme.
El hecho investigado se registró el 16 de octubre de 2005, cuando se produjo un motín en el pabellón 16 de la Unidad Penal 28 de Magdalena, a raíz de los cual, Fernández -el secretario del penal-, Martí -encargado de turno- y Roma -segunda jefa de guardia de seguridad exterior- ingresaron a ese sector y dispararan al menos una vez una escopeta con proyectiles de goma.
“Frente a ello, algunos internos acataron la autoridad y fueron retirados, mientras que otros, ante el avance de los uniformados se replegaron hacia el fondo del pabellón, sitio en el que prendieron fuego colchones de las últimas camas, el que se propagó”, sostuvo el juez de Garantías Guillermo Atencio al dictar los procesamientos de los acusados.
El fuego alcanzó los 600 grados centígrados en ese pabellón, lo que generó un inmediato consumo de oxígeno y liberación de gases tóxicos provenientes de los colchones, lo que ocasionó la muerte de los 33 presos por “intoxicación de ácido cianhídrico y monóxido de carbono, y en otros casos, por falta de oxígeno y estrés por calor”.
Los detenidos de otros sectores de la cárcel acusaron al personal de la penitenciaría de cerrar con candado la puerta del pabellón incendiado, lo que motivó que los presos murieran asfixiados.
En 2006, el Ministerio de Justicia bonaerense descubrió “graves incumplimientos de funciones por parte del Servicio Penitenciario”, entre ellas, “la falta de mantenimiento de la red hídrica” hasta el hecho “de dejar (los guardiacárceles) la puerta delantera cerrada en tanto intentaban sacar internos por la parte posterior del pabellón”.
En 2008, la causa fue elevada a juicio pero la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió en 2010 mantener los procesamientos de Tejeda y Núñez y sobreseer a los otros 15 penitenciarios.
Sin embargo, en 2011, el Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó el fallo de la Cámara y envió a los 17 a juicio oral, decisión que fue confirmada luego por la Suprema Corte de Justicia provincial.
Para Casación, Tejeda sabía que la red hídrica no funcionaba y no lo informó a sus superiores, en tanto Núñez firmaba las planillas en las que informaba sobre el supuesto normal estado de dicho sistema.
