"Ya llevamos casi 155 días de juicio, no damos más": la grave denuncia de la familia de Blas Correas

Las audiencias del juicio por el asesinato del Blas Correas, el menor de 17 años asesinado en 2020 por la policía de Córdoba, volvieron a postergarse. Estaba previsto que se reanudarían este miércoles, pero por “motivos de salud y laborales” cuatro jurados populares no podían estar presentes. Todo se postergó entonces para el próximo viernes.

El debate que tiene lugar en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba comenzó en septiembre del 2022 y estaba previsto que finalizara en noviembre junto al dictamen de la sentencia. Debido a la cantidad de testigos, y a la incomparecencia de los jurados, esto se prolongó hasta fines del próximo marzo. Aún faltan declarar 15 testigos.

Por el asesinato se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria; y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

Ambos enfrentan los cargos de “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos, por los amigos de Blas que iban en el auto con él- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.

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Juan Laciar, el hermano de Blas dialogó con BigBang y habló sobre la expectativa de la familia de cara al proceso judicial. “Por supuesto que confianza tengo, sino no me sentaría ahí cada audiencia y mi familia no estaría presente desde el día uno. Ya llevamos casi 155 días de juicio y estamos presentes en todas las audiencias. Confianza tenemos, esperemos que los jueces estén a la altura de las circunstancias. Es un caso muy serio y que debe ser tomado en todos sus detalles y que de justicia y un cierre”.

Por otra parte, frente a la ausencia de cuatro jurados populares en la audiencia que se suspendió este miércoles, Laciar expresó: “Viene siendo un juicio largo y sabemos que es cansador, pero creemos que se debe entender la gravedad del hecho y la importancia que ellos tienen en el Estado. Porque cuando uno es jurado popular está representando al Estado y confiamos en que no nos van a abandonar y que le van a dar para adelante. Es un trabajo largo y tedioso el que han hecho y nosotros lo sabemos, pero bueno han sido elegidos y corre por su deber de ciudadanos estar ahí. Estamos agradecidos de que estén ahí y confiamos”.

Al ser consultado por la posibilidad de que haya encubrimiento por el hecho de que los acusados son policías, el hermano de la víctima respondió: “Hubo encubrimiento por parte del Estado. Alfonso Mosqueira, ex ministro de Seguridad, mientras en Córdoba marchaban el viernes cerca de 10 mil personas, estaba negociando un auto con un alto funcionario. Esto después de que ocurrió lo de Blas. Son muchas las cuestiones que se tienen que tener en cuenta y todos los detalles que han ocurrido. Espero que se tomen las cartas que se tienen que tomar y que se termine la violencia institucional”.

Laciar, en representación de la familia, comentó que si bien entienden que es un proceso largo, para ellos es un episodio doloroso: “Si supieran lo que significa para mi familia levantarnos e ir al juicio a escuchar lo que sabemos que vamos a escuchar, y hasta a veces sorprendernos, van a poner la fuerza que esto implica y van a seguir hasta el día de la sentencia. Por su parte, los acusados nunca nos hicieron llegar ningunas palabras. Sólo una de las hijas de los imputados habló conmigo hace dos años y ella tenía su postura y yo lo que le dije era que si su padre era inocente, cosa que yo no creo, iba a ser la Justicia la encargada de demostrarlo”.

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Con respecto a la culpabilidad de los imputados y a las reiteradas ocasiones en las que los familiares de la víctima vieron y escucharon las pruebas, Laciar denunció: "A través de las pruebas que he visto creo que son todos culpables de los cargos que se les imputa y hasta de alguno más y esperaremos la resolución de la Justicia. Yo creo que si hablamos de Justicia como un poder del estado, deben darle a los imputados las cadenas que le corresponden. Correr vistas a esas anomalías que hemos marcado, como los falsos testimonios o cuestiones de autoespeculaciones, que deben ser investigadas en otra causa".

"Lo que yo creo que sería justo para tener paz, sería que la Policía de la provincia de Córdoba cambie. Viene mal desde hace mucho tiempo y no se le da la importancia que merece. Es la segunda provincia más grande del país y en el juicio había policías que no sabían las reglas, las normas”, expuso.

“Estas cuestiones tienen que cambiar. Esto sería justo. Mi hermano ya no está y no me lo va a devolver nadie. Pero si se fue, que sea por algo. Para que las cosas cambien”, concluyó Laciar.

En la madrugada del 6 de agosto del 2020, Blas transitaba las calles de la ciudad arriba de un Fiat Argo junto a cuatro amigos. En ese entonces, se toparon con un control policial, y al ver que el agente había sacado un arma, decidieron seguir de largo. Rápidamente y sin dudarlo los policías comenzaron a disparar. Por “confundirlos con ladrones que escapaban” un proyectil impactó en la espalda de la víctima, y le quitó la vida. 

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Los minutos posteriores fueron aún peores. Los jóvenes se dieron cuenta que Blas estaba herido, intentaron llevarlo a la clínica Aconcagua, pero según el relato de los mismos, no quisieron atenderlo. Una vez que vuelven a subirse al auto e intentan dirigirse hacia otro hospital, una patrulla les corta el tránsito y los detiene. Blas ya no respiraba. Luego de muchas horas, imprudencia policial, la plantación de un arma y la manipulación de la escena del crímen, la familia de la víctima fue notificada de lo sucedido.

En cuanto al resto de los acusados, Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica, enfrentan los cargos de falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber "plantado" un arma con numeración "limada" para simular un enfrentamiento con los chicos.