19 Marzo de 2025 15:37

En un movimiento que parece extraído de un manual de "cómo criminalizar el disenso en tres simples pasos", el gobierno de La Libertad Avanza presentó una reforma al Código Penal que introduce un nuevo delito de atentado contra la seguridad pública.
Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, esta medida busca "terminar con la impunidad de los violentos". Pero, ¿quiénes son realmente los violentos? ¿Y quién decide qué es violencia y qué es un legítimo reclamo social?
El flamante artículo 208 del Código Penal establece penas de prisión y multas para quienes, en el marco de una manifestación, arrojen objetos contundentes, agredan a personas o dañen bienes. Sin embargo, la letra pequeña del artículo revela un sesgo preocupante: si la agresión va dirigida a un miembro de las fuerzas de seguridad, la pena se duplica automáticamente: "La pena será de cuatro (4) a nueve (9) años de prisión y cinco (5) a cincuenta (50) días-multa".
El timing de esta reforma no podría ser más oportuno... o sospechoso. Apenas una semana después de los incidentes del pasado 12 de marzo, en los que la represión liderada por Patricia Bullrich dejó decenas de heridos y 114 detenidos, el gobierno decidió endurecer las penas contra manifestantes.
Hace nada más que una semana, la jueza Karina Andrade, en un acto que casi parece heroico en estos tiempos de oscuridad política y social, liberó a todos los detenidos, lo que hace pensar que este nuevo artículo busca asegurarse de que la próxima vez no haya una "jueza valiente" que se interponga.
El texto del artículo también incluye una cláusula que penaliza a quienes "impidan ilegítimamente" el ingreso o egreso a establecimientos públicos o privados. El ministro expresó: "La misma pena se impondrá a quien impidiere ilegítimamente el libre ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a un establecimiento público, productivo o de servicios, centro educativo, deportivo o de salud".
Con tono triunfalista, Mariano Cúneo Libarona presentó esta reforma en su cuenta oficial de X: "Vamos a terminar con la impunidad de los violentos que usan las manifestaciones como excusa para agredir a las fuerzas de seguridad y destruir propiedad pública y privada", escribió, como si la impunidad fuera patrimonio exclusivo de los manifestantes y no de las fuerzas de seguridad que reprimen con balas de goma y gases lacrimógenos.