Este martes marca el triste aniversario de la serie de explosiones intencionales que devastaron la ciudad de Río Tercero, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, hace 25 años.

El hecho, que tuvo como origen la planta local de Fabricaciones Militares, fue orquestado para encubrir un faltante de material bélico enviado por contrabando a Ecuador y Croacia.

La sucesión de tres explosiones comenzó a las 8.55 del 3 de noviembre de 1995. Las dos primeras se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros.

Como consecuencia, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino. 

Las detonaciones provocaron siete muertos -todos fuera de la fábrica militar- más de 300 heridos y daños materiales millonarios en gran parte de la ciudad. 

A las 17 de ese día, el entonces presidente Carlos Menem se hizo presente en Río Tercero para afirmar en conferencia de prensa que el hecho era producto de "un accidente". Además, descartó de plano la posibilidad de un atentado e incluso le insistió a los periodistas presentes que tenían "la obligación de difundir esa palabra".

De accidente a atentado

Al comienzo, el hecho se investigó efectivamente como un accidente provocado por una falla en la manipulación de un montacarga, la cual según la hipótesis derivó en el incendio de un tambor con trotyl que se propagó a otros. 

Sin embargo, años después se determinó mediante pericias que el trotyl no puede estallar por acción del fuego ya que ese material sólo puede explotar mediante un detonador.

Eventualmente y a través de testimonios de los empleados, se estableció que la noche anterior a la serie de estallidos, personas no identificadas ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares para acondicionar los elementos iniciadores del fuego y disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar las explosiones. 

Entre 1991 y 1995, Menem había firmado decretos para vender armas a Panamá y Venezuela. El material bélico, sin embargo, terminó yendo a en Ecuador y Croacia a través de operaciones de triangulación.

La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países configuraba un escándalo diplomático y político para el gobierno argentino, ya que había enviado un contingente militar integrado por una fuerza de paz a Croacia, en el marco de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia.

Paralelamente, Argentina era garante de un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, quienes se habían enfrentado en un conflicto armado por una disputa de límites a inicios de 1995. 

La planta de Río Tercero oficiaba como pieza esencial en esa operación de contrabando: cañones, obuses y proyectiles eran retirados de unidades militares para ser llevados allí con el pretexto de una reparación. Luego eran llevados a distintos puertos desde los cuales eran enviados a su destino final. 

A fines de 1995, comenzaron a descubrirse armas argentinas en Croacia y Ecuador, lo cual derivó en varias denuncias judiciales. Además, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero para las supuestas reparaciones comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases. La explosión había sido orquestada como maniobra de ocultamiento. 

El juicio pendiente

A raíz del hecho, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares (13 años de prisión); a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares (13 años); a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero (13 años;) y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica (10 años).

Menem, absuelto hace dos años en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, enfrentará un juicio oral y público por la explosión a partir del 24 de febrero de 2021.

"Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia", señaló en declaraciones a Télam el abogado querellante Horacio Viqueira, quien representa a María Eugenia y María Julia, hijas de Ana Gritti, esposa de Hoder Dalmasso, fallecido a causa de las explosiones.

"El primer indicio de la intencionalidad tiene que ver con la hora en la cual comenzaron las primeras explosiones. Fue justo cuando el personal de la Fábrica suspendía sus tareas para tomar un desayuno", indicó el letrado. "Vamos a tratar de determinar en ese juicio la responsabilidad de las autoridades de Fabricaciones Militares y del poder político".