El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e iniciaron una dictadura que dio lugar al período más oscuro y siniestro de la historia argentina. El país vivía bajo el Estado de Sitio desde noviembre de 1974. El orden institucional no se rompió ese día sino que más bien se terminó de romper. Bastante antes del golpe de Estado, cinco gobernadores elegidos por el pueblo -los vinculados con la llamada “Tendencia Revolucionaria” del peronismo- habían sido destituidos a través de golpes de Estado o procedimientos de legalidad dudosa: Oscar Bidegain (Buenos Aires), Ricardo Obregón Cano (Córdoba), Alberto Martínez Baca (Mendoza), Miguel Ragone (Salta) y Jorge Cepernic (Santa Cruz). Alrededor del 60 por ciento de los argentinos estaban bajo el yugo de gobernadores que no habían votado jamás, y además de ideas opuestas a las votadas.
Videla y Massera rodean a Isabel: un símbolo de lo que ocurriría luego.
En febrero de 1975, el gobierno de Isabel (como se hacía llamar la señora de Perón) había puesto en marcha el denominado “Operativo Independencia”: tropas del Ejército se establecieron en la localidad tucumana de Famaillá con el declarado propósito de combatir a la guerrilla guevarista del Ejército Revolucionario del Pueblo. El 17 de diciembre de 1975, el general Luciano Benjamín Menéndez, Comandante del Tercer Cuerpo del ejército, informó que desde febrero, en los combates contra la guerrilla habían muerto en Tucumán 7 oficiales, 6 oficiales, 15 soldados y 7 gendarmes, contra 690 bajas de la guerrilla entre muertos y detenidos. Por increíble que parezca, Menéndez no especificaba cuántos guerrilleros habían muerto y cuántos habían sido detenidos, tal vez porque los detenidos serían desaparecidos y asesinados luego. No explicaba, tampoco, las razones de esa desproporción gigantesca entre las bajas de uno y otro bando, inéditas en cualquier contienda bélica. El gobierno tampoco le pidió precisiones.
Escena del Operativo Independencia, en Tucumán.La Triple A, una organización parapolicial fundada nada menos que por el secretario privado de Perón y su ministro de Bienestar Social, José López Rega, y el Jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, amenazaba de muerte, secuestraba o asesinaba a dirigentes de izquierda, sindicalistas combativos y personalidades de la cultura. Según datos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), antes del 24 de marzo de 1976 ya había en la Argentina alrededor de 400 desaparecidos. En ese marco llegó el golpe. Y, como explicó el periodista Rodolfo Walsh en su famosa "Carta Abierta a la Junta Militar", las tres A se convirtieron en las tres armas.
Las AAA son las tres Armas (Filme de Raymundo Gleyzer donde militantes clandestinos leen la Carta de Rodolfo Walsh)
En ese marco llegó el 24 de marzo de 1976. La dictadura no inició la persecución a sindicalistas combativos, dirigentes de izquierda, organizaciones guerrilleras y personalidades de la cultura, porque esta ya había comenzado antes, pero desde luego que la recrudeció. La dictadura no inició un proceso de empobrecimiento sistemático de los trabajadores y transferencia brutal de ingresos desde el sector asalariado al capital, porque este ya había comenzado en 1974/75. Pero la dictadura profundizó el rumbo iniciado durante la predictadura, si nos atrevemos a llamar así al año y cuatro meses que los argentinos vivimos bajo el Estado de Sitio. Los comandantes en jefe de las tres armas de Isabel Perón eran Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti: luego serían los mismos de la primera junta de la dictadura. La ruptura del orden institucional no fue drástica, como en Chile, sino decididamente gradual. Las fuerzas políticas participaron activamente en el nuevo régimen, mucho más de lo que se atreven a recordar. Basta decir que la dictadura contó con 310 intendentes radicales y 169 justicialistas para que se entienda de qué estamos hablando.
Comunicado N° 1. El anuncio del golpe
"Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722 % en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: 'Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos'", escribió el periodista. Walsh fue asesinado por un grupo de tareas de la dictadura, el 25 de marzo de 1977, un día después de que su "Carta Abierta" tomara estado público.
Rodolfo Walsh. En su "Carta Abierta", denunció crímenes y políticas criminales.En ese marco, en consonancia con otras dictaduras del continente -las había en Brasil, en Chile, en Uruguay y en Paraguay- en la Argentina se llevó a cabo un plan sistemático de desaparición de personas. A partir del Juicio a las Juntas ordenado por Raúl Alfonsín -con los elementos de prueba aportados con la Conadep- la existencia de este plan criminal se consideró probada. Centros clandestinos de detención distribuidos a lo largo de todo el país, en dependencias militares y policiales y en guaridas aportadas para la ocasión. Personas secuestradas por la noche, mientras dormían en sus casas, por patotas que a menudo andaban en autos sin patente.
"Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales
Se calcula que en la Argentina llegaron a existir 610 CCD. Adentro, una rutina siniestra de interrogatorios, torturas con picana eléctrica, submarino, submarino seco, violaciones y otras formas de la perversidad humana que tenían la finalidad de que los detenidos indicaran el paradero de sus compañeros de militancia antes de ser asesinados y enterrados en tumbas sin nombre, en fosas comunes o arrojados al Río de la Plata. Afuera, la costumbre atroz de quedarse con los bienes de las víctimas y hasta con sus propios hijos, a quienes despojaban de su identidad a partir de adopciones truchas. Los organismos de Derechos Humanos establecieron la cifra de 30 mil desaparecidos.
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El juicio a las juntas. La sentencia.
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Cada 24 de marzo, los organismos de Derechos Humanos, buena parte de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales convocan a una movilización popular en todas las capitales del país. El acto central se desarrolla en la Plaza de Mayo. Con variaciones y diferencias de enfoque según el sector al que pertenecen, a los manifestantes los une un reclamo que permanece vigente: Memoria, Verdad y Justicia.