Tuvieron que pasar tres meses para que la Justicia de a lugar a un pedido que se hizo a principios de mayo. En la tarde del jueves, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el secuestro del celular de Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio, para poder investigarlo en el marco de la causa que investiga su posible participación en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.
El 1 de septiembre del 2022 se produjo un intento de homicidio a la vicepresidenta y justo 22 días después, Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y aseguró que la noche anterior al atentado escuchó a Milman conversar con dos de sus asesoras en un bar cercano al Congreso sobre los hechos que luego tomaron trascendencia pública.
“Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”, fue la frase que Abello le atribuyío Milman en el bar Casablanca. Es por eso que rápidamente la querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron de manera urgente el secuestro del celular del hombre de Patricia Bullrich.
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En ese momento, la jueza rechazó el pedido debido a que Milman no se encontraba imputado en la causa. La vicepresidenta decidió apelar y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial ante los jueces de la sala primera del mismo. Días más tarde, la querella sostuvo que en la audiencia la jueza Capuchetti cometió “mala praxis” al no profundizar en detalle alguna pista relacionada a Milman. “No sé si Milman tiene alguna participación respecto de este acto, para hay cosas que no tienen ningún tipo de explicación”, afirmó Ubeira.
Ahora, el Tribunal de apelaciones decidió por mayoría revocar la decisión de la jueza y habilitar la medida de secuestrar el celular del diputado. Aún así, primero tendrá que ser autorizada por la Cámara de Diputados, debido a que Milman posee fueros parlamentarios.
Los jueces que firmaron la medida y votaron para que se lleve a cabo fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que explicaron el porqué de su decisión: “Teniendo fundamentalmente en cuenta la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación, entendemos que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”.
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“Estamos ante un hecho histórico sobre el que ninguna duda debe quedar pendiente de dilucidación y, en la medida que exista una sospecha y una posibilidad de progreso en la averiguación de la verdad, las diligencias probatorias no deben restringirse, siempre en consonancia con el respeto a los derechos y garantías que el proceso requiere”, sumaron.“Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto. Ya hemos dicho que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente”, expusieron.
Asimismo, en el fallo se aclara algo totalmente clave en la causa y es que Milman no se encuentra imputado, motivo por el cual la jueza no quiso llevar a cabo esta investigación. “Aunque Milman no se halle formalmente imputado en esta pesquisa, la manera idónea de corroborar tal extremo era a través del secuestro del aparato, bajo el procedimiento que corresponda en razón de su rol de legislador”, indicaron y agregaron: “Ello permitiría verificar si existieron o no conversaciones alusivas al hecho objeto de la presente investigación, en un caso de gravedad institucional y conforme a la hipótesis planteada por la querella”.