Lunes 11 de mayo del 2015. La noticia del hallazgo del cadáver de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y llevaba un día desaparecida, fue encontrado en la casa de los abuelos de su novio, Manuel Mansilla; de por entonces 16 años. Mansilla la asesinó a golpes y la enterró en el jardín de la vivienda, ubicada en la localidad de Rufino. En los últimos cuatro años, el índice anual de femicidios a nivel nacional había crecido casi un 40 por ciento. Ese fue el día en el que, en medio de la indignación generalizada, la periodista Marcela Ojeda lanzó a sus redes la consigna: "Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales. Mujeres todas, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando? La convocatoria se concretó en minutos y así, el tres de junio, se llevó adelante la primera marcha del Ni Una Menos.

Más de 300 mil personas se congregaron frente al Congreso en repudio a la violencia machista. La consigna: "Ni una menos, vivas nos queremos". Pancartas, pañuelos y cánticos acompañaron la jornada histórica, que marcó un antes y un después para el feminismo en la Argentina. La línea 144 (de asistencia a la víctima de violencia de generó) pasó de mil consultas diarias a 13.700 tras la movilización. En tanto, la jueza Elena Highton de Nolasco anunció que la Corte Suprema establecería un registro oficial de femicidios.

Los reclamos concretos que se vocalizaron desde el escenario

Implementación con recursos y monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres establecido por la Ley 26.485. Garantizar el acceso de las víctimas a las Justicias. Evitar la revictimización a las víctimas durante los procesos judiciales. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial. Elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres. Garantizar la aplicación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. Capacitación a docentes y directivos para garantizar la protección de las víctimas.

Las consignas incluyeron en los últimos años la legalización del aborto, así como la diversidad de género e incluso el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Al momento de la primera movilización, no existían cifras oficiales dado que el Estado no las contabilizaba. Sin embargo, estimaciones parciales (con más de cuatro provincias que no colaboraron con el aporte de datos) sugerían que en promedio había un femicidio cada 30 horas en el país. Ese índice empeoró.

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De acuerdo al Observatorio Nacional Mumalá, desde el primero de enero hasta el 30 de mayo de este año ya se registraron 140 muertes violentas de mujeres, un promedio de uno cada 29 horas. Del total, 124 fueron declarados femicidios, mientras que 16 están en proceso de investigación.

En estos cinco meses, hubo además 112 intentos de femicidios y 151 chicos se quedaron sin madre. El vínculo con el femida: pareja (41%), ex pareja (22%), un familiar (13%), conocido (12%) y sólo el seis por ciento fueron crímenes cometidos por desconocidos.

Con respecto a las edades de las víctimas, el observatorio sostiene que el 45% tenía entre 19 y 40 años; el 25% entre 41 y 60 años. El 20 por ciento de las víctimas había denunciado a su agresor, mientras que el 10 contaba con una restricción de contacto o perimetral. Sólo el uno por ciento tenía un botón de pánico al momento del asesinato. 

El otro dato arrojado por el observatorio es que el 36 por ciento de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima, mientras que el 32 por ciento tuvo lugar en un domicilio compartido con el victimario y un 12 por ciento en la vía pública.

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El brote de coronavirus y el consecuente decreto del aislamiento social potenció las denuncias por violencia doméstica: muchas mujeres se están viendo forzadas a convivir con su agresor. Desde el 12 de marzo, día en el que comenzaron las medidas de restricción de circulación, se registraron 71 muertes violentas de mujeres.