En el marco de la causa Vialidad, por la cual recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación, Cristina Fernández de Kirchner le pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal su absolución, ya que consideró que el fallo en su contra constituye un “supuesto de enorme gravedad institucional”.
La vicepresidenta realizó la petición a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes manifestaron que en base a la causa, Fernández de Kirchner fue “injustamente condenada. Pedimos dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”. Cabe recordar que en diciembre del 2022 la ex presidenta fue condenada por ejercer anomalías en el otorgamiento de obra pública durante su gestión.
Por su parte, el fiscal de la causa Diego Luciani, pidió que se le agrave la condena impuesta y que también se la procese por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, este pedido ya había sido rechazado y descartado por el Tribunal Oral 2, al comienzo de la causa.
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“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cuales se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, manifestaron los abogados de Fernández de Kirchner.No obstante, agregaron: “Mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes. Se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una sostenible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.
En la misma línea, y en contra de quienes tienen la autoridad para tomar las decisiones finales, Belardi y Llenovoy expresaron: “Los jueces sentenciantes asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional. Se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”.
Además, remarcaron que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”.