por Agustin Gulman
18 Diciembre de 2019 20:16
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó por asociación ilícita, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público al fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de la causa que investiga una red de espionaje paraestatal que extorsionaba a empresarios, periodistas y abogados que lideraba el falso abogado Marcelo D'Alessio, detenido desde febrero pasado. Además, le trabó un embargo de $10.000.000 y le aclaró que no ordenó su detención a pesar de que existen “riesgos procesales” por los fueros que posee como fiscal.
El fiscal fue procesado por participación en siete hechos puntuales, entre ellas la extorsión al empresario agropecuario jubilado Pedro Etchebest, quien presentó la primera denuncia en el juzgado de Dolores en enero pasado, donde relató que D'Alessio le pedía 300 mil dólares en nombre de Stornelli para no implicarlo en la causa de los cuadernos. A lo largo de diez meses, Ramos Padilla comprobó que el fiscal federal había participado en al menos otras seis operaciones ilegales, entre ellas el pedido de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, coacciones al ex gerente de la petrolera PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, para que declare como arrepentido, y el pedido de una investigación paralela no autorizada al piloto Christian Castañón, ex marido de su actual pareja, Florencia Antonini.
Además, Ramos Padilla señaló que el fiscal y D'Alessio "actuaron en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración prohibidas por la ley, para atender sus investigaciones, su carrera profesional o sus asuntos familiares".
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En una extensa resolución de 538 fojas, a la que accedió BigBang, Ramos Padilla detalla que hubo agentes de inteligencia inorgánicos y ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia que realizaron maniobras ilícitas vinculadas al espionaje ilegal en colaboración con Stornelli, algo prohibido por la propia ley de Inteligencia. Además, el magistrado asegura que “se pudo desentrañar el funcionamiento de una organización criminal clandestina, compuesta por numerosas personas, que utilizó herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales”. En febrero pasado, Ramos Padilla había descrito que la organización, incluso, pudo haber puesto en riesgo el Estado de Derecho y la democracia en la Argentina.
En el procesamiento, Ramos Padilla le aclara a Stornelli que no le impone la prisión preventiva “en razón de los fueros e inmunidades de los que goza” por ser un fiscal federal, aunque le aclara que “existen peligros procesales de elusión de la acción de la Justicia y el entorpecimiento de la investigación”. Además, le fijó un embargo por $10 millones, y le aclara que no puede ausentarse de su residencia por más de 10 días y que cualquier movimiento o viaje debe ser anunciado por su defensa.
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La decisión del juez federal de Dolores llega casi tres semanas después de la extensa declaración de nueve horas de Stornelli, quien tras permanecer casi seis meses en rebeldía (se ausentó a siete llamados a indagatoria) presentó un extenso escrito y respondió preguntas el 29 de noviembre pasado. Allí, según pudo reconstruir BigBang por fuentes judiciales, el fiscal intentó desligarse de las ocho imputaciones en su contra, le apuntó al falso abogado Marcelo D'Alessio, a quien tildó de “fabulador”, y rechazó una por una las acusaciones, entre ellas el pedido de dinero a Etchebest, las presiones a Brusa Dovat para que declare como arrepentido en la causa de los cuadernos y la cámara oculta a Ubeira.
Ahora, Ramos Padilla aclara que entre fines de octubre y principios de noviembre del año pasado D'Alessio y Stornelli llevaron a cabo al menos ocho operaciones, tuvieron cinco encuentros personales, múltiples conversaciones y que existe una “gran cantidad de mensajes de texto y audio que vinculan a Stornelli con las actividades llevadas a cabo por la organización”.
Hasta ahora, entre los procesados se encuentran los ex espías de la AFI y ex comisarios de la Federal Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Rolando Hugo Barreiro, el ex fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, el falso abogado D'Alessio, el periodista del diario Clarín Daniel Santoro, Carlos Alberto Liñani, Pablo Bloise, Eduardo Menchi y Mariano Díaz Strunce.
Según Ramos Padilla, está comprobado que Stornelli:
Mantuvo una relación constante de intercambio con personas que desarrollaban actividades de espionaje ilegal y se presentaban como espías; incluso recibió testimonio a Marcelo D'Alessio ocultando que éste se había presentado como un agente de inteligencia, permitiendo así que el nombrado presentara carpetas con documentación “anónima” para ser incorporada a un expediente. Le reclamó a Marcelo D'Alessio actividades de espionaje ilegal para afectar expedientes judiciales. Participó, junto a una organización criminal, en la coacción a testigos para que declararan ante él contra su voluntad (caso Brusa Dovat) Permanece actualmente interviniendo en la causa formada en base a la declaración de dicho testigo, quien refirió haberla realizado bajo tal maniobra coactiva.Leé más | "A sangre fría": la increíble historia del amigo de Stornelli al que le querían hacer una cámara oculta
Le reclamó a Marcelo D'Alessio la realización de cámaras ocultas posiblemente la más gravosa de las medidas cautelares- debe apuntar a asegurar efectivamente que el proceso penal no se vea menoscabado por el accionar ilegítimo del imputado contra un abogado defensor que lo incomodaba en sus tareas funcionales. Le reclamó a Marcelo D'Alessio actividades de inteligencia ilegal sobre el ex esposo de su actual pareja (caso Castanon). Interviene en investigaciones cuyas copias son negadas sistemáticamente a este Tribunal, en las que D'Alessio declaró como testigo ante él, y sobre las que la organización proyectó maniobras de espionaje ilegal (caso GNL). En el marco de esas mismas investigaciones, consintió resoluciones, en su rol de fiscal, para intervenir en tal carácter respecto de hechos ilícitos donde se lo investiga.
Solicitó a imputados en esta causa que limitaran o modificaran sus declaraciones para que no lo involucraran judicialmente. Realizó gestiones para que la Fiscal a cargo de una causa en la que se investiga la misma plataforma fáctica que en estos actuados -caso Etchebest- le reciba declaración a esa misma persona a la que le pidió limitar o modificar su testimonio (Juan Bidone). Recibió mensajes del propio D'Alessio, después de realizado el allanamiento en su vivienda, para concertar el modo en que habrían de llevar adelante una estrategia por fuera del marco de este expediente Quizás la cuestión más grave, eludió el accionar de la justicia durante más de 9 meses al colocarse explícita y públicamente en situación de rebeldía, desautorizando así las resoluciones y decisiones judiciales ratificadas en diferentes instancias, incluso por el máximo tribunal penal de la Nación.
