18 Noviembre de 2020 11:30
Después de casi un año de espera, Alberto Fernández finalmente cumplió con su promesa de campaña y envió al Congreso el proyecto de la legalización del aborto. Lo hizo acompañado del "Plan de los mil días", que busca acompañar a las personas gestantes que enfrentan maternidades vulnerables. La trastienda de la demora en la definición, la presión de la mesa chica que trabajó en la elaboración de ambos proyectos y la definición final del presidente, ante la posibilidad de tener que "patear" el envío hasta el 2022.
"La decisión política está tomada", respondían desde el Gobierno cada vez que se les consultaba sobre el proyecto de legalización que Vilma Ibarra entregó al presidente en marzo, en coincidencia con el fuerte discurso que el primer mandatario pronunció en la apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, la llegada del Covid-19 y la crisis sanitaria que implicó la administración de la pandemia en el país dejaron al "sueño verde" en un segundo plano.
En los últimos dos meses, la presión de los distintos colectivos que militaron el proyecto comenzó a incrementarse y en Casa Rosada tomaron nota del reclamo, cuyo nuevo slogan pasó a ser: "Es ahora". "Sería un papelón mandarlo si no tenemos los votos", se excusó en más de una oportunidad el presidente. Del otro lado de la mesa, el equipo que trabajó el proyecto enviado por el Ejecutivo no tenía dudas: "Papelón sería ni siquiera mandarlo".
El timming no fue casual. Desde el Ejecutivo reconocen que se barajaron dos escenarios: arriesgarse a enviarlo sobre el cierre de las sesiones ordinarias del Congreso o tener que esperar recién hasta el 2022. "El año que viene es un año de elecciones", se excusaban. Dos datos se tuvieron en cuenta a la hora de analizar el impacto político de enviar o no el proyecto: la mayoría de los electores del Frente de Todos están a favor de la legalización del aborto y el peso que el presidente le dio al "valor de la palabra" tras su desembarco en Balcarce.
De acuerdo al reporte elaborado por la consultora Tres Punto Zero, dos de cada tres electores de Fernández está a favor de la legalización del aborto. En términos concretos, el presidente se arriesgaba en caso de no enviar el proyecto este año a perder cerca de un millón de votos en las legislativas del 2021.
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"El 32 por ciento de los electores argentinos y el 39,9 por ciento de los votantes de Alberto Fernández tuvo en cuenta la postura de los candidatos sobre el aborto a la hora de votar en 2019. La importancia del tema también se observa en la prospectiva: el 52,5 por ciento del total de los electores y el 60 por ciento de los votantes oficialistas volverá a tener muy o bastante en cuenta el tema en las elecciones de diputados y senadores del próximo año", sostiene el informe.
Otro dato interesante que se desprende de la encuesta es que siete de cada diez votantes de Fernández considera que "el debate por la ILE es un tema muy o bastante importante que el Congreso debe tratar". En términos comparativos, mientras que el 56,8 por ciento de los votantes de la fórmula Macri-Pichetto se manifestó en contra de la legalización, sólo el 33,9 de los votos que cosechó Fernández desaprueban la medida sanitaria.
