En el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, Oscar Aguad y Fernando de Andreis, ex ministro de Defensa y ex secretario general de la Presidencia, respectivamente, durante el mandato de Mauricio Macri se presentaron, este miércoles, ante la justicia federal de Dolores para declarar como testigos a pedido de la defensa del ex presidente.
Ambos respondieron a más de 24 preguntas elaboradas por las querellas y otras tantas del abogado de Macri, Pablo Lanusse ante el juez subrogante Martín Bava. De hecho, la abogada Valeria Carreras, que representa a un grupo querellante de familiares de los 44 muertos en el hundimiento del submarino, anticipó que le pedirá al magistrado que cite al ex jefe de la Armada, José Luis Villán.
De acuerdo con la letrada. Aguad no pudo, o no quiso, responder a sus preguntas y respondió en su totalidad las hechas por Lanusse. "Nos sorprende que solo perdió la memoria respecto de la mayoría de las que le realizamos. Sin embargo ante preguntas de la defensa de Macri, el testigo no solo recordaba sino que trajo dos papeles tipo nota atribuido a familiares", sostuvo Carreras.
Estas notas que Aguad entregó al juzgado serán impugnadas por dudas sobre su veracidad, anticipó la abogada en el comunicado. En cuanto al pedido para citar a Villán, Carreras explicó que en su declaración como testigo Aguad dijo bajo juramento de verdad que el ex titular de la Armada le informó que "dieron de baja todos los celulares de la tripulación" del ARA San Juan generando graves pérdidas en los archivos.
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De Andreis era, por su cargo, el responsable de la Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente. "Ello generó que se pierdan los archivos de las madres, esposas, padres, hermanas, una crueldad y un ocultamiento más de ese Gobierno", sostuvo la querellante. Los ex funcionarios del macrismo fueron convocados en persona al juzgado federal de Dolores, tras haber sido relevados de su deber de guardar "confidencialidad" a través de un decreto de Alberto Fernández.
Ambos fueron citados como parte de la prueba que pidió Macri en su indagatoria la semana pasada y a la que el magistrado hizo lugar. Macri pidió las citaciones en relación a uno de los argumentos de su defensa, vinculado a que el supuesto "espionaje" fue parte de la tarea de colaboración entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Casa Militar, que se encarga de la seguridad presidencial, de manera previa a sus visitas a Mar del Plata.
Cabe recordar que en septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con Cristina Caamaño a la cabeza, denunció que el gobierno de Cambiemos hizo espionaje ilegal sobre familiares de 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan. El juez federal Santiago Inchausti delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba.
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El año pasado, Adler entendió que debía investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal -de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, como de los tripulantes del buque pesquero Rigel, quienes fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018.
De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recayó sobre el ex presidente de la Nación al considerarlo responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; sobre el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia.
Según se indicó en la presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial. La denuncia expresa que tampoco se encuentra amparada por la normativa que regula el trabajo de la agencia.
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Tanto Oscar Aguad como Fernando de Andreis quedaron relevados de su deber de guardar confidencialidad sobre temas de inteligencia y seguridad interior, mediante el Decreto 762/2021 que alcanzó a los otros citados en la causa como testigos: el ex jefe de la Casa Militar José Yofre, el diputado Cristian Ritondo, el ex jefe de la custodia de Macri, Alejandro Cecati, el actual responsable de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, y Graciela Caamaño.
Todos fueron pedidos como testigos por la defensa de Macri en el escrito que presentó en su indagatoria el 3 de noviembre pasado, durante la cual se negó a responder preguntas. Ante el juez Bava, Aguad aseguró que "no le constaba" la realización de actividades de espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, y señaló que "no entendería" el propósito de esas maniobras por parte de integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
A su vez, agregó: "Lo descarto absolutamente. No hay ninguna chance de que alguien haya hecho espionaje, más allá de las tareas de seguridad del presidente (Mauricio Macri), que desconozco, es imposible que haya habido espionaje". Consultada sobre cómo comenzó a sospechar que eran espiados por el Gobierno, Isabel Polo, hermana del Cabo Daniel Polo, una de las 44 víctimas del hundimiento del submarino, le reveló a BigBang: "Empezamos a notar una serie de hechos, como avisos de alerta. Nos ingresaban a las redes sociales o al mail. También sufríamos interferencia durante las llamadas. Y no solo me pasaba a mí, sino que a varias personas. Entonces, ahí dijimos "algo pasa....no puede ser normal´. Por ejemplo, a uno de los papás de los tripulantes le desapareció una conversación o chat entero y fotos del hijo con sus hermanos.... A mí se me reiniciaba el equipo y como en ese momento no usaba la nube (no sabía de su existencia), se me perdían contactos".