El empresario Lázaro Báez sostuvo que el juez Sebastián Casanello "está usando" el expediente de la llamada "ruta del dinero K" para mejorar su situación y pidió la citación de un grupo de ex consejeros para que informen si el magistrado fue promovido por el kirchnerismo en un "polémico concurso".
Báez pidió que la Cámara Federal cite a declarar a los ex consejeros de la Magistratura Oscar Aguad (hoy ministro de Comunicaciones), Mario Cimadevilla (a cargo de Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA), al camarista Ricardo Recondo y el abogado Daniel Ostropolsky.
Los abogados del empresario pidieron que los nombrados cuenten cómo Casanello llegó a juez, tras asegurar que "representantes del Frente para la Victoria" hicieron renunciar a un candidato que estaba mejor posicionado que el actual instructor de la causa por lavado de activos que lo tiene preso.
"Estamos ante un plan concebido y ejecutado por el director del proceso para blindar cualquier posibilidad de persecución a funcionarios públicos pertenecientes a un Poder Ejecutivo afín a sus expectativas laborales, y así otorgar una red de contención a las máximas autoridades del gobierno que lo ungió como magistrado", dijeron los abogados.
Hasta ahora, solo Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro, había planteado la recusación de Casanello diciendo que el juez no quería apuntar hacia la ex presidenta Cristina Fernández.
Ahora, en un escrito ante la Cámara Federal conocido hoy en Tribunales, y patrocinado por los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Báez amplió los fundamentos para pedir la recusación de Casanello ante el temor de "no estar ante un juez imparcial" y advirtió: "El adelantamiento de mi indagatoria y mi arbitraria detención no es más que un método de presión para evitar que pueda aportar datos de funcionarios públicos nacionales".
Definió a Casanello como "un juez que, celoso de su caso, está direccionando la investigación a las periferias de los hechos denunciados y esta actitud ha llevado al a quo a una situación límite, a una encrucijada, de tener que utilizar las actuaciones como un método de defensa, como un arma disciplinadora, para no solo evitar ser apartado sino la de autopreservarse en el cargo".
"Lo ha hecho con tanta parcialidad, que hasta insólitamente el magistrado encargado de la investigación exacerbó su intervención al punto de que, cegados por el caso, brindó una conferencia de prensa llamando a prestar declaración indagatoria a mis hijos el mismo día que decidí contar el incidente de Olivos frente a VV.EE. y haciendo manifestaciones degradantes contra mi persona", afirmó.
La defensa sostuvo que "no puedo dejar de destacar que pesa sobre el magistrado una denuncia, muy cercana al inicio de la causa donde se encuentra imputado junto a la Procuradora General de la Nación por el direccionamiento de la presente causa".
Habilitaron Feria Judicial para que se siga trabajando en las causas federales contra López,Los Baez y los Kirchner. pic.twitter.com/MoLcLxn1yq
- IgnacioGonzálezPriet (@igonzalezprieto)
"Esta situación no hace más que ratificar lo que aquí vengo sosteniendo y es precisamente que el magistrado está utilizando el expediente y las facultades que le otorga el código de procedimiento para ejercer su defensa, cuestión intolerable en un Estado de Derecho", señala el escrito.
En ese sentido, la defensa indicó que "el magistrado revela un proceso que cuenta con dos velocidades o mejor dicho una hipótesis que ya fue 'anticipada' desde el inicio y la otra que busca esconder y relegar".
Añadió que "sobre esta última línea surge con evidencia la falta de definición procesal tanto del Administrador General de Ingresos Públicos, quien prestó declaración indagatoria con fecha 17 de mayo y los restantes funcionarios de la AFIP sin habérsele resuelto su situación procesal (excediéndose del plazo que fija la ley) que se contrapone con los tiempos del legajo", así como "del imputado Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción y sobre quien la República Oriental del Uruguay sí aporto información".