por Rafael Saralegui
10 Diciembre de 2019 18:34
Uno de los pasajes más aplaudidos del discurso del presidente Alberto Fernández durante la asamblea legislativa fue cuando se pronunció por el Nunca Más de los operadores en la Justicia y anunció el envío de un paquete de normas para ser tratadas en el Congreso para reformar el fuero federal, mientras el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, miraba hacia el frente con cara de poker y su antecesor, Ricardo Lorenzetti, tenía un signo de preocupación en el rostro.
“Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos.
“Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno.
“Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, aseguró el nuevo presidente ante el aplauso de los legisladores.
“Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”, agregó Fernández y explicó que “estaremos reorganizando y concentrando los esfuerzos de la justicia de modo que se pueda enfatizar con eficacia y transparencia la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, que son flagelos que debemos abordar con un carácter sistémico”.
Luego anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y la derogación de un decreto firmado por Macri en 2016, que les volvió a otorgar el carácter de secreto a los fondos reservados utilizados por los espías y expresó que ese dinero se va a utilizar a partir de ahora para hacer frente al plan contra el hambre.
Tres fuentes vinculadas con Alberto y Cristina al ser consultadas sobre el paquete de leyes judiciales anunciadas en el Congreso dijeron que es un tema que está trabajando él en forma personal junto con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, su compañera en la Facultad de Derecho cuando eran estudiantes y socia en su estudio jurídico. Y otro de los que trabaja en el tema es Gustavo Béliz, el designado secretario de Asuntos Estratégicos y ex ministro de Justicia en el primer gobierno de Néstor Kirchner.
Justamente, en aquel momento Béliz buscó llevar adelante un plan para reformar la Justicia federal. Básicamente consistía en unificar el fuero penal ordinario con el fuero penal federal, de manera de diluir el poder de los 12 jueces federales que habitan los despachos de Comodoro Py, donde se tramitan las causas por corrupción y narcotráfico entre otros delitos. Pero la idea nunca se llegó a concretar cuando Béliz tuvo un enfrentamiento público con Antonio Stiuso, el poderoso agente ya retirado, que lo obligó a irse del país y buscar trabajo en organismos internacionales.
Un abogado que transita los pasillos de los tribunales federales aseguró que se busca reflotar ese plan de Béliz. Para que las causas que más interesan al poder no quedan en unas pocas manos o, peor aún, caigan siempre en los mismos jueces, como ocurrió con Claudio Bonadio, quien como un imán atrajo todas las causas que tenían a Cristina Kirchner como imputada.
De todos modos, otro abogado dijo que el plan es otro. “La Justicia federal no está para ser bastardeada y la Justicia penal ordinaria tampoco está para llevar adelante esos casos complejos que se tramitan en Comodoro Py. Hay varios planes, pero la clave es terminar con los Angelicis y los Pepines (en referencia al abogado y asesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón y) y los operadores de los servicios en los tribunales”, dijo el letrado, que está al tanto de los proyecto, aunque dijo que no está autorizado para hablar en detalle, al menos por ahora.
El discurso del presidente fue seguido con atención por un gran número de fiscales y jueces en actividad que han visto con alarma los descalabros que se produjeron durante los últimos cuatro años, como la difusión de escuchas que debían ser resguardadas por la Corte, el armado de causas y detenciones preventivas dictadas en forma arbitraria por imperio de la mal llamada doctrina Irurzun.
En esos grupos de WhatsApps de jueces y fiscales se barajaban posibilidades sobre los anuncios del Presidente. Todos ellos coincidían en que es necesario darle mayor transparencia e institucionalidad al Poder Judicial, sobre todo al criticado fuero federal y darle herramientas para que salgo en el horrible lugar en que quedó después de estos cuatro años.Algunas de las variantes que se barajan son las siguientes:
Unificación de algunas competencias penales. Traspaso de jueces penales a la ciudad de Buenos Aires (la ciudad ya tiene traspasada la competencia de varios delitos). Otra variante es dar impulso a la vigencia del Código Procesal Penal, que pone en mano de los fiscales la instrucción de las causas, con lo cual el rol de los jueces queda mucho más acotado, como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en todos los distritos donde hay sistema acusatorio.
Los mismos jueces y fiscales preocupados por la institucionalidad, quieren saber qué ocurrirá con las escuchas, a quien se designará como interventor en la AFI, quiénes acompañarán a Losardo en la cartera de Justicia y que rol tendrá desde ahora el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de sancionar a los jueces que ejercieron mal su tareas. Todas incógnitas que se despejarán en los próximos días.
