Alberto Fernández fue denunciado el miércoles por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, a raíz de la supuesta contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales. Se lo acusa de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del ex presidente, María Cantero. "No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó", sostuvo el ex mandatario.
La denuncia quedó a cargo por sorteo del juzgado federal 11 de la ciudad de Buenos Aires, subrogado por el juez Julián Ercolini. De acuerdo con la acusación, Fernández ordenó "que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas". "La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, titulada 'Destapan otra caja negra de la política en la Anses'", agrega la presentación hecha por la abogada Silvina Martínez.
Además, señala que "el periodista contó que dentro de la Anses se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios". "Los 20.000 millones de pesos es lo que paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro", remarcó. A su vez "Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales".
De acuerdo con la denuncia, es en este contexto cuando "aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado". "Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero", reza el escrito.
Y suma: "Este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández. En los convenios que firmaban el Ministerio con Nación Seguros había una clausula que permitía el negociado".
Diversas fuentes afirman haber recibido llamadas de Cantero, quien ha sido colaborador de Alberto Fernández durante 30 años, solicitando en distintas entidades gubernamentales la designación de Martínez Sosa como proveedor de seguros.
El decreto de Fernández establecía que los contratos deben realizarse mediante convenio interadministrativo para la administración central, mientras que otras entidades como empresas públicas y entes fiduciarios deben seguir los procedimientos de sus respectivos regímenes de contratación.
Se prohíbe explícitamente la subcontratación de las pólizas, aunque no se menciona expresamente la exclusión de gestores. El ex presidente buscó tomar distancia, negó que haya realizado gestiones con funcionarios para que contraten a Martínez Sosa y que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, para que lo haga.
En diálogo con La Nación, Fernández dijo: "Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó". También aseguró que "nunca" habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias. "No se trata de un Lázaro Báez", dijo en defensa de Martínez Sosa.