05 Diciembre de 2022 14:57
"Espero que todos tomemos conciencia frente a la gravedad de los hechos. Lastima la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales, y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas", comunicó el Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, en cadena nacional pasadas las 15 horas del lunes.
Este pedido se dio en el marco de los chats filtrados sobre un grupo de Telegram en donde se intentaba encubrir los motivos y el modo en que viajaron a Bariloche a la zona del Lago Escondido, en el latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del ex presidente Mauricio Macri.
Al pedido de "Nunca más" sobre prácticas que dañan la institución pública de la República Argentina, Fernández compartió una serie de medidas que espera se lleven a cabo en contra de los involucrados. Las siguientes son: pidió al Ministro de Justicia que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje y a los relacionados a su financiamiento; que el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura soliciten un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales; que los legisladores del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evalúen a los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder presenten el juicio político que corresponda; solicitó, además, al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo del Procurador General de la Nación.
Con enorme contundencia, el mandatario confirmó que el viaje "existió" y el Grupo Clarín "los cubrió". De esta manera, indicó que el grupo de chats se creó porque los involucrados "se inquietaron por la percepción de dádivas e incumplimientos de los deberes públicos".
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Operación de Página/12: chat filtrados
El grupo de Telegram fue creado el 17 de octubre pasado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto, después que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viajó en un cárter al sur por invitación de directivos del Grupo Clarín a la zona del Lago Escondido. Esto había sido denunciado por dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche.
El grupo se llama "Operación de Página/12" porque fue ese el diario que contó sobre esa relación en su noticia "Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri". En el chat todos aseguran "no haber hecho nada malo", pero se ve en los mensajes cómo intentan armar pruebas falsas y justificativos, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo "fue legal". Además, prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa "reunión de amigos": el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
El viaje ocurrió el jueves 13 de octubre por la empresa Flyzar desde San Fernando a Bariloche. Y, de acuerdo a lo investigado, el diario Tiempo Argentino compartió que el mismo día de la publicación de la nota se creó el grupo.
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Los chats filtrados: quiénes serían los involucrados
Jorge Rendo: CEO del Grupo Clarín. Pablo Yadarola: juez titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 2. Julián Ercolini: juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Cayssials: juez titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9. Carlos Mahiques: juez de Casación y ex funcionario de María Eugenia Vidal. Marcelo D'Alessandro: ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Tomás Reinke: empresario especialista en campañas digitales. Leonardo Bergroth: ex jefe de Legales de la SIDE.Lago Escondido: la cadena nacional de Alberto Fernández por los chats infiltrados
Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.
Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.
Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.
Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.
Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.
Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.
No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.
He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.
Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.
Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:
Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento. Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados. Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.Muchas gracias.
