Freno a las Fuerzas del Cielo
05 Junio de 2024 17:02
Escándalos, escándalos y más escándalos trajo aparejada la denuncia del dirigente social Juan Grabois respecto a 6 toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano tenía acopiados en dos galpones (Villa Martelli en Buenos Aires y Tafí Viejo en Tucumán) mientras la gente en comedores populares pedía su distribución.
El juez federal Sebastián Casanello fue quien tomó la posta y ordenó a través de una cautelar que por un lado se informe el stock real de alimentos y, por otro lado, se presente un cronograma de reparto de los alimentos. Esa cautelar está siendo incumplida hasta el día de hoy cuando los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico respaldaron y convalidaron la orden de entrega y transparencia de los alimentos.
Además de Grabois, hay una importante implicada que es Leila Gianni que hace las veces de representante legal del Ministerio de Capital Humano y de quien maneja esa cartera, Sandra Pettovello. Ambos referentes tuvieron una discusión a los gritos e insultos después de la audiencia que se celebró para tomar una decisión final en cuanto a la repartija de alimentos. Por esa discusión, los jueces tomarían cartas en el asunto que los llevarían a sancionar a ambos.
La respuesta de los jueces
Irurzun, Farah y Boico fueron implacables en la explicación de por qué los alimentos deben ser entregados con real urgencia, después de que Gianni tildara de "juez militante" a Casanello; en este sentido, le dieron la derecha a Grabois e instaron a que los alimentos sean distribuídos y que se cumpla el acatamiento porque en caso contrario, estarían en "desobediencia".
Farah expresó que su intervención y la de los demás jueces "se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución".
En esa misma línea, instó a la Ministra Pettovello: "En aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma", expresó contundente.
Fue el mismo Farah quien dio 24 horas al Ministerio de Capital Humano para regularizar la situación y, en caso de no hacerlo: "Su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano".
Farah no dejó atrás las críticas para con la actitud de Grabois y Gianni de quienes dijo que "no contribuyeron en nada para la solución del caso". Sino que "pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas".
Por su parte, el juez Irurzun reconoció que el Ministerio ya había repartido alimentos que se estaban por vencer como es el caso de la leche que se repartió sobre todo en Mendoza, tierra natal de Luis Petri, ministro de Defensa libertario.
Sin embargo, Irurzun replicó: "Aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata".
Sobre eso, recalcó la decisión judicial: "Corresponde confirmar la decisión del juez (Casanello) en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado".
Por último y para responder a los dichos de Leila Gianni ("No vamos a permitir que fiscales o jueces militantes nos digan cómo ejecutar una política pública") el juez Boico le dijo sin pelos en la lengua: "A cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrario".
