06 Marzo de 2018 04:40
El juez federal Claudio Bonadio emitió un oficio el martes para obtener información sobre los libros societarios y contables de la obra social del Sindicato de Camioneros, la cual es liderada por Hugo Moyano, quien está siendo investigado por supuesto lavado de dinero con fondos de Independiente y fue imputado la semana pasada por la fiscal federal Silvia Cavallo.
La fiscal de la causa solicitó la imputación de Pablo y Hugo Moyano.
La decisión del magistrado se debe a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.
Sánchez Freites remitió un exhorto a Bonadio para que disponga la realización del operativo que se llevó a cabo durante las últimas horas del martes en la obra social de Camioneros en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.
"Todo el material que pidió Bonadio ya está en su escritorio", dijo el abogado del gremio, Daniel Llermanos y señaló que el requerimiento judicial responde a una denuncia de la diputada Graciela Ocaña sobre el manejo deficitario de la obra social del sindicato.
Investigan al camionero por presunto lavado de dinero y defraudación.
Además, el letrado sostuvo que el pasivo de la obra social es "responsabilidad del Estado, que tiene retenido fondos y de OCA, que le debe al Sindicato 800 millones de pesos. Entre el Estado y OCA le deben 2.300 millones de pesos", aseguró.
Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos en Córdoba, que tendrían un valor menor y por ello el propósito es realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.
El juez federal Claudio Bonadio.
Por su parte, Graciela Ocaña, diputada de la Nación, sostuvo que va a demostrar que "los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social", explicó.
Por otro lado, la Justicia Federal de Córdoba secuestró las escrituras de los terrenos que el gremio de Camioneros que conduce Moyano adquirió en 2013, en la localidad La Falda. El juez Freytes, ordenó un operativo en una escribanía donde se realizó la escrituración de los terrenos y se secuestró la documentación vinculada a la operación inmobiliaria.
Hasta el momento, no se avanzó en la posibilidad de que esta causa pase a manos del juez Bonadio, quien lleva la mayoría de los expedientes que investigan a Moyano, como tampoco la defensa del sindicalista, el abogado Daniel Llermanos, planteó incompetencia jurisdiccional, por lo tanto la instrucción continuará en manos del juez local, Sánchez Freytes.
El juez ordenó levantar el secreto fiscal de los Moyano.
Al mismo tiempo, las fuentes judiciales precisaron no se va a citar a indagatoria a Moyano ni a los restantes imputados hasta que se lleven a cabo todos los procedimientos solicitados por los magistrados. Por lo que se presume no va a ser en lo inmediato.
Moyano está siendo investigado por supuesto lavado de dinero.
La compra de varios terrenos en Córdoba se realizó en 2013 y se pagó en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a 300 mil pesos.
Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.
