por Agustin Gulman
03 Febrero de 2018 10:32
En una polémica decisión, los abogados de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia desistieron de solicitar penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, en el marco del juicio oral por encubrimiento que comenzó en agosto de 2015 y que tiene en el banquillo de los acusados, además, al ex presidente Carlos Menem y su ex jefe de inteligencia, Hugo Anzorreguy.
La decisión provocó duras críticas de los familiares de las víctimas del mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales. Denuncian que se busca “encubrir a los encubridores”, y apuntan a que los argumentos para desistir de presentar querella y solicitar penas son “forzados, falaces, sacados de contexto y completamente arbitrarios”.
A casi 24 años, el mayor atentado terrorista que sufrió el país continúa impune.
La decisión fue anunciada por el abogado José Console, a cargo de leer los alegatos de la querella por parte del Estado en la causa por el encubrimiento del atentado. Además de Mullen y Barbaccia, el juicio apunta a las responsabilidades de otras 11 personas, entre ellas el ex presidente y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Lo curioso es que para el resto de los imputados sí solicitaron penas.
Console detalló que no se pudo arribar a una “plena convicción” de la participación en los hechos de Mullen y Barbaccia, y sostuvo que el Estado no coincidirá con la Unidad Fiscal de Investigación (UFI - AMIA) del atentado, que depende de la Procuración, y que solicitó ocho años de cárcel para los ex fiscales. Para el resto de los acusados, la UFI había solicitado 13 años de prisión, con excepción del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, a quien había solicitado absolver.
Los familiares de las víctimas cuestionaron la decisión de la querella del Ministerio de Justicia.
La dirigente de la agrupación de familiares Memoria Activa, Diana Malamud, calificó el episodio como “escandaloso y bochornoso”, y apuntó directamente al ministro Garavano. En este sentido, describió a BigBang que tras la asunción de Mauricio Macri hubo un cambio en el equipo que integraba la querella por parte del Estado, a cargo de la abogada Mariana Stilman. “La echaron, estaba cumpliendo su papel de querellante, le dijeron que no tenía que ir contra los acusados. La sacaron y pusieron a otros abogados”, disparó.
Stilman fue reemplazada por Enrique Ventos, que a su vez fue reemplazado por Console. Ayer Memoria Activa denunció un pacto para “salvar” a Mullen y Barbaccia, en este último caso a partir de un vínculo que según la organización de familiares se remonta a los tiempos en que trabajaba junto a Garavano en el Juzgado N° 4, en la década de 1990.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia justificó la decisión en base al "deber de objetividad y autonomía de criterio de la querella", y aseguraron que los argumentos "serán desarrollados en las siguientes audiencias, donde se expondrán las conclusiones a las cuales se ha arribado luego de substanciada y analizada la totalidad de la prueba conocida durante el debate".
Todos los acusados por el encubrimiento del atentado.
En el resto de los imputados, la querella por parte del Estado sí solicitó penas de prisión. De hecho, solicitó penas para el reducidor de autos y actual abogado Carlos Telleldín y el ex juez Juan José Galeano, que están siendo juzgados desde agosto de 2015. En la lectura de los alegatos, Console sostuvo que “Galeano se apartó del deber legal de un juez penal” al ordenar el pago de Telleldín para que modificara su versión de los hechos en relación a la supuesta camioneta utilizada para perpetrar el atentado en las puertas de la mutual judía, en Pasteur al 600. De hecho, al ex juez lo acusó por el delito de peculado.
Para Laura Ginsberg, de APEMIA, lo ocurrido ayer durante los alegatos demuestra que las posiciones “convergen con los pedidos y exigencias de la DAIA”. “Con la intervención de ayer están poniendo de relieve los acuerdos y buscan pavimentar el camino de la imposición de una ley de juicio en ausencia, que de ninguna manera va a traer luz sobre los hechos”, consideró en diálogo con BigBang.
El ex presidente Carlos Menem también está imputado por el encubrimiento del atentado.
“Hicieron el trabajo de los abogados de Mullen y Barbaccia”, se quejó Malamud en diálogo con este medio. “Me dio mucha tristeza, qué gente tan ruin. Qué vida más horrible les espera a todos ellos, necesitan un favor de esta naturaleza que no alcanza la vida para pagarlo. Salvar a un acusado... Esto habla de lo que está haciendo el Gobierno”, remarcó.
Ginsberg señaló además que el juicio por encubrimiento no esclarecerá el atentado a la AMIA, ni permitirá conocer a todos los responsables. “La responsabilidad es del Estado argentino, hubo un plan criminal de encubrimiento, del que formó parte el Ministerio de Justicia”, indicó. En esta línea, recordó que existió un hilo conductor en todos los gobiernos en “acusar a cualquiera menos a las responsabilidades propias”. “Fueron los gobiernos de Menem, De la Rúa, los Kirchner y ahora es Macri. Hay un hilo en preservar las responsabilidades encubridoras del Estado argentino”, puntualizó.
