Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron hoy la imputación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que fue citada a declaración indagatoria por irregularidades en la adjudicación de obra pública al detenido empresario Lázaro Báez, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.
La ex presidenta fue citada a prestar declaración indagatoria para fin de mes, luego de que su defensa pidió una postergación porque estaba por nacer su tercer nieto, algo que ocurrió hoy.
Los fiscales dijeron que hubo una trama para beneficiar al empresario.
En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Ercolini, los fiscales aseguraron que lograron descifrar cómo fue la "maniobra ideada previamente con el fin de asignar y destinar" por distintas vías oficiales "millonarias cantidades de fondos públicos" a Baez, "a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar".
"Se verifica que en todos las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado", escribieron los fiscales en su dictamen.
Los dos fiscales analizaron quinces obras adjudicadas a Báez, a partir de un informe elaborado por los directivos de Vialidad Nacional del actual gobierno, en el que sostuvieron que hubo una matriz de corrupción desde el Estado para adjudicar obras al empresario y desviar fondos oficiales.
"Se desviaron fondos de otras áreas de Planificación Federal hacia Vialidad Nacional" para "cubrir las erogaciones de las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, el único contratista de obra pública vial al que no se le adeudaba nada al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner", expresa el escrito.
Los fiscales dijeron que en las 15 obras analizadas, Austral Construcciones presentó el mismo "certificado de capacidad de ejecución" cada vez que que las empresas licitan una obra. Este conjunto de obras tuvieron un valor de $ 15.000 millones con un promedio de sobreprecio superior al 30 % cada uno de los convenios.
La defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito en el que solicitó la nulidad de la declaración indagatoria ordenada por Ercolini, quien rechazó el planteo, que ahora deberá ser resuelto por la Cámara Federal.