En plena feria judicial de invierno, el abogado Leonardo Martínez Herrero ratificó y amplió esta mañana la denuncia contra la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, justamente por un presunto acto de corrupción: haber contratado a una consultora de prensa y lobby político que pertenece a supuestos asesores del PRO, uno de los partidos de la alianza gobernante.
La denuncia original surgió de una serie de notas firmadas por el periodista Sebastián Lacunza, en las cuales reveló que la OA había contratado a la firma Consuasor, que pertenece a Alejandro Giúdice y Facundo Sosa Liprandi, por una suma que ronda casi el millón de pesos. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien citó al letrado para que ratificara su presentación.
En la ratificación que hizo hoy en forma testimonial, Martínez Herrero aportó una copia de una nueva publicación del periodista, publicada en el sitio Letra P, en la cual se afirma que esa compañía estaba inhabilitada de contratar con el Estado por no estar inscripta como proveedora y porque además tiene deudas con el fisco, de acuerdo con un dictamen del Ministerio de Modernización con fecha del 17 de abril de 2017.
Pineo también contrató a la consultora.
Ese impedimento legal habría sido el motivo por el cual el contrato se habría hecho en forma personal a los dos socios y gerentes de la firma, Sosa Liprandi y Giúdice, sostuvo el abogado, aunque los servicios habrían sido prestados por la consultora, que además tuvo contratos con otras oficinas y funcionarios oficiales.
Denuncian a Laura Alonso por contratar a una consultora de prensa y lobby de asesores del PRO
Según la ampliación de la denuncia los ministerio de Defensa, Trabajo, Medio Ambiente y el senador Federico Pinedo también habrían contratado a la misma consultora, pero para evitar el dictamen del Ministerio de Modernización citado se habría optado por formalizar el vínculo mediante la misma modalidad: contratos personales con los dos socios fundadores de la firma.
Para que la denuncia se convierta formalmente en una causa judicial resta la opinión del fiscal Carlos Stornelli, quien si considera que se trata de un delito deberá impulsar un dictamen en esa línea. Como Stornelli está de licencia, se debeesperar si esa decisión la toma el fiscal que lo reemplaza o se aguarda que termine su descanso.
Lacunza indicó que cuando consultó con la OA sobre los contratos de Consuasor, que trabajó con la oficina hasta un par de meses atrás, le dijeron que la información sólo sería entregada al juzgado, razón más que suficiente para que la fiscalía de impulso a la investigación.
Alonso quedó en el centro de la polémica.
En la presentación de la denuncia, el abogado recordó que “la segunda nota del referido periodista sostiene que Laura Alonso contrató por casi un millón de pesos anuales a la referida consultora y lo intentó ocultar contando el origen de la información y las maniobras de la Oficina Anticorrupción para esconder la trama”.
Además sostiene que “Consuasor pertenecía a tres asesores del Pro. Cuando Macri asumió la Presidencia, uno de ellos pasó a ser subsecretario de Comunicación y los otros dos inscribieron a la consultora como SRL. 28/12/2015. 18 días después de la asunción de Cambiemos”, agrega el texto.
“La asunción presidencial de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, habilitó la canilla de contratos para Sosa Liprandi, con ingresos de varias decenas de miles de pesos por cada designación, algunas de ellas full time. En el mismo momento en que este consultor se transformaba en pluriempleado, su socio Juan Gabriel Gentile ingresaba a la Casa Rosada para desempeñarse como subsecretario de Comunicación Pública, al tiempo que personal de la empresa Consuasor, fundada por ambos, comenzaba a pisar firme en los pasillos del Estado”, escribió Lacunza en una nota publicada por Página 12, a comienzos de año. Gentile falleció en septiembre del año pasado y los otros dos socios siguieron adelante con la empresa.