Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete de la Nación se defendió sobre las acusaciones y procesamiento dictado por las supuestas irregularidades y sobreprecios en el Plan Qunita, y aseguró: "Yo quiero declarar porque no tengo por qué ocultar nada", dijo desde Praga en Radio del Plata acerca del procesamiento dictado por el Juez Claudio Bonadio.
Fernández se mostró seguro ante un enjuiciamiento por el Plan Qunita.
Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pone en duda la seguridad de las cunas y bolsas de dormir que incluye el Plan Qunita, el Ministerio de Salud de la Nación ordenó suspender la entrega de los kits del programa impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner para todas las mujeres embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).
“Es un programa muy bueno, que le permitía a las familias que no tienen ingreso le daba las necesidades básicas para comenzar su vida. Los concursos para la licitación se hicieron 15 días antes de que yo asumiera, yo di la firma final, cuando estaban todos los procesos llevados a la práctica y se me acusa por eso”, remarcó.
Con respecto al embargo de $440 millones que se ordenó en contra del ex funcionario dijo: “Si Bonadio entiende que hay un tema que preservar en defensa del estado estará bien. No me asusta, no tengo que ocultar nada. Que siga adelante con su posición, la cámara tendrá que expedirse”. enfatizó.
La legisladora porteña Graciela Ocaña fue una de las impulsora de las denuincias de las falencias de los productos de este plan. “El INTI elevó informes que muestran que la calidad de los productos entregados por este programa eran riesgosos para los chicos, ya que las cunas no soportaban el peso de niños de más de siete kilos. Las cunas se desfondaban”, indicó Ocaña en el programa radial Ciudad Gotik, en Radio La Red.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que comanda Zulma Ortiz, fue el primero en comunicar que acatarían el pedido que hizo el Gobierno. Las autoridades nacionales, desde la Subsecretaría de Atención de Primaria de la Salud y la Secretaría de Políticas de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria ordenaron a la ministra que, hasta nuevo aviso, "por motivos de precaución tengan a bien cesar la entrega de las cunas y las bolsas de dormir que integran el kit y de arbitrar los medios necesarios a fin de que los hospitales bajo su dependencia preventivamente tampoco hagan entrega de esos dos items integrantes del kit en caso de que los hubiera recibido".
La cuna no soporta a niños de más de siete kilos, poniendo en riesgo su vida.
“Podemos coincidir que es bueno que se le entreguen este tipo de planes a los chicos más humildes de la Argentina, lo que no se puede admitir que sobre esa buena idea se haya montado un negociado enorme”. indicó la legisladora en el programa que conduce Jorge Rial.
Graciela Ocaña desentramó el negociado del Gobierno kichnerista.
La funcionaria explicó que por kit para cada chico se destinaba un total de $ 7.900 pesos, mientras que según relevamientos propios armar un ajuar de una calidad superior implica unos $ 4.100. En base a ello arremetió: “El plan se pergeñó en lo más alto de la Casa Rosada y con la participación de La Campora armando las licitaciones”. De esas licitaciones se benefició el grupo inmobiliario Fasano SRL, entre otros particulares sin actividad comercial o relación con la producción de este tipo de productos.
Con sobreprecios, se destinaban unos $7.900 por chico, por kit.
Desde el Ministerio de Salud se informó que se ha requerido una nueva evaluación de los mismos (elementos) a fin de determinar la posibilidad de continuar o discontinuar su distribución.