Antes de ser imputado por el fiscal Ramiro González, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se presentó ante la Justicia por el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020. Por entonces, el propio Fernández había firmado un DNU en el que estaba en vigencia el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en medio de la pandemia de coronavirus.
En ese sentido, las reuniones sociales estaban prohibidas. La reunión salió a la luz a principios de agosto, tras la filtración de fotos y videos de la celebración. Apenas salió a la luz, el primer mandatario reconoció el hecho y pidió disculpas públicas.
Por otro lado, el fiscal que lleva adelante la causa, le pidió a la Casa Militar, que se encarga de los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos, los detalles sobre los protocolos sanitarios llevados a cabo ese día.
Hasta ayer, la misma Casa Militar le había dado la documentación sobre las entradas y las salidas de la Quinta de Olivos a la ONG Poder Ciudadano. Por esa organización salió a la luz lo ocurrido el 14 de julio como así también el resto de las personalidades que visitaron al primer mandatario durante 2020. La Casa Militar no sólo presentó la lista sino que explicó que todos los ingresos se hicieron bajo “estrictos protocolos sanitarios”, algo que deberá explicar ante la Justicia.
Antes de la imputación al presidente de la Nación, el fiscal estudió a fondo cómo se aplicaron los protocolos sanitarios para los ingresos de Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Stefanía Domínguez, quienes fueron los invitados de Yáñez para la celebración de su cumpleaños 39.
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Por otra parte, el fiscal aguarda los datos de la aplicación Cuidar o los permisos de circulación de cada invitado, que fue solicitada a la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Ministros. El fiscal quiere saber si tanto Marafiotti, Pacchi, las hermanas Fernández Peruilh y Basavilbaso como López, Consagra, Abraham y Domínguez, contaban con la habilitación para salir de sus domicilios aquel día ya que la circulación estaba restringida y sólo podía hacerlo el personal esencial.
Hace pocas horas, desde la Rosada habían confirmado que el presidente de la Nación se presentó ante la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante. Su objetivo es plantear “la reparación del daño potencial que se hubiere causado ofreciendo depositar durante cuatro (4) meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán”.
En su presentación, el presidente de la Nación explicó sobre la donación de la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán durante cuatro meses: “Por todo lo aquí expuesto, doctrina y jurisprudencia concordantes en la materia, inexistencia de lesión al bien jurídico tutelado, propongo donar al INSTITUTO MALBRAN, el equivalente a la mitad de su salario como Presidente, durante cuatro meses en forma consecutiva”.
Y continúa en su escrito presentado ante la Justicia: “Por último, es evidente, que la norma del art. 34 prevé que el sobreseimiento será decretado una vez acreditado el cumplimiento del acuerdo homologado, empero en el caso en concreto, no existiendo víctima, esa decisión de mérito no puede diferirse sino exclusivamente, para el momento en que se efectivice el ofrecimiento económico conciliatorio -que, como se expuso precedentemente consiste en la donación, por parte del suscripto, del equivalente a la mitad de mi salario como Presidente de la República, durante cuatro meses en forma consecutiva”.
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Y finaliza: “Es así que, se ofrece hacer efectiva la donación precedentemente aludida, y tomando en cuenta los fundamentos que motivan este pedido, entendemos que una vez cumplido el acuerdo homologado, debe decretarse mi sobreseimiento en los términos detallados en esta presentación”.
De esa manera, la cifra que el presidente le donaría al Malbrán a modo de reparación por romper el DNU dictado por él mismo todavía está en dudas y dependerá de la Justicia si lo hace o no. El salario presidencial ronda los 315.259 pesos. Si su propuesta hubiera sido aceptada, Fernández tendría que haber pagado un cifra importante.
Algo así como 15.629 pesos habrían sido depositados en el CBU del Instituto Malbrán en los primeros días de cada mes. Como el primer mandatario ofreció la mitad de cuatro de sus sueldos de forma consecutiva, la cifra final llegaría a 630.518 pesos, por supuesto más de medió millón de pesos. Poco más de 21 sueldos correspondientes a un salario mínimo, vital y móvil, que a partir del 1° de septiembre superarán los 29.000 pesos.