03 Agosto de 2016 17:30
Podría llamarse Ley Pinedo (o Anti-Pinedo): el gobierno nacional giró hoy al Congreso un proyecto de ley para regular las transiciones presidenciales.
En la última transición, la mandataria saliente Cristina Kirchner se negó a darle los atributos de mando a su sucesor, Mauricio Macri, y se generó un vacío que fue ocupado por Federico Pinedo.
El entonces titular de la Cámara de Senadores ejerció la presidencia más breve de la historia argentina, para que no hubiera un vacío de poder hasta que asumiera su jefe.
Pinedo fue presidente durante doce horas.
El proyecto, que busca evitar otra situación similar, fija la hora de asunción de las nuevas autoridades, y las obligaciones de los funcionarios salientes.
Con las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, el proyecto establece que "el presidente de la Nación electo se encontrará en condiciones de asumir el cargo a partir de las cero horas del día siguiente al de la finalización del mandato de cuatro años del presidente saliente".
Además, entre otros puntos, establece la obligatoriedad de realizar dentro de los primeros seis meses de gestión "un informe final del proceso de transición que contemple la información recibida del gobierno anterior, y el estado de situación de organismos y entidades".
En los argumentos de la iniciativa se advierte sobre "un vacío legal existente", se señala la necesidad de brindar "una solución practicable y eficaz a las dudas que puedan generarse a la hora de cambiar de mando" en el país, y se hace referencia a las "numerosas dificultades para obtener información" durante el proceso que encabezaron Mauricio Macri y Cristina Fernández.
De acuerdo con el proyecto, la autoridad de aplicación de la transición será el Jefe de Gabinete, en tanto que también se disponen "responsabilidades administrativas, patrimoniales, o penales para los casos de incumplimientos" por parte de los funcionarios salientes para brindar información.
De esta forma, con la disposición de elaborar un informe final, el Ejecutivo -cuyos funcionarios en numerosas ocasiones criticaron al kirchnerismo por no haber brindado información, e incluso por haber destruido documentación- busca que la redacción de un documento como "El Estado del Estado" sea algo obligatorio.
