por Rafael Saralegui
10 Octubre de 2019 16:27
Alberto Fernández no se fue con las manos vacías, cuando el martes último visitó la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de su fundador. Además de un cuadro con la imagen de Juan Domingo Perón, Evita y Néstor Kirchner, se llevó un documento de 118 páginas elaborados por los equipos técnicos del PJ durante este año y que constituye todo un programa de gobierno.
El paper tiene medidas para los primeros 100 días, para corto, mediano y largo plazo y está dividido en capítulos según los siguientes temas: Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Hábitat y Vivienda; Cuidados, Políticas sociales, Trabajo, Economía popular, social y solidaria; Producción agropecuaria, Reactivación industrial, Política industrial Energía, Financiamiento al Desarrollo, Comercio exterior, Ingresos públicos, Gestión Estatal Federal , Política Exterior, Defensa Nacional y Seguridad.
Algunas de las medidas que tiene en carpeta el candidato a presidente del Frente de Todos ya han comenzado a trascender en los medios y el mismo se encargó de explicarlas en diversos reportajes, como desdolarizar las tarifas de la energía o, por ejemplo, elevar lo que se paga por bienes personales. Pero ver todo el paquete completo de iniciativas en discusión es por demás iniciativas.
En lo que se refiere a salud, propone en lo inmediato:
a) Garantizar la provisión con financiamiento del Estado Nacional para el acceso efectivo al 100% del Calendario Nacional de Vacunación del año 2020 para todas las coberturas de salud.
b) Reactivar de manera inmediata el Remediar, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y los sistemas de provisión de medicamentos esenciales (TBC, oncológicos, VIH/SIDA, ETS, PAMI, entre otros), definiendo un Vademécum Básico Nacional que considere a los medicamentos como Bienes Sociales Indispensables para la Salud
En los dos casos se registraron problemas por faltantes de vacunas o mermas en la compras de medicamentos, como consecuencia del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno a instancias del programa firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además propone “declarar la Emergencia Alimentaria para asegurar la nutrición saludable de todos los niños y niñas, y de las personas mayores de todo el país”, en línea con el plan anunciado por Fernández el lunes último en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Respecto de la educación, en los primeros cien días se propone:
a) sostener la alimentación y la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes, así como las condiciones edilicias y de infraestructura, alcanzando esto último también al sistema de educación superior y universitario;
b) ratificar y convocar a paritarias nacionales con el objeto de alcanzar un piso salarial común por encima de la línea de la pobreza en todo el territorio nacional, compensando las asimetrías regionales;
c) dejar sin efecto los actuales dispositivos de mercantilización, reconstituyendo el sistema formador público y universitario;
d) destinar partidas extraordinarias para recomponer los presupuestos de las universidades y los fondos de investigación, ciencia y tecnología.
También se propone volver a darle jerarquía de Ministerio al sector de de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como se había hecho durante la presidencia de Cristina Kirchner, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector.
En el área de Trabajo propone en lo inmediato:
a) Crear los ámbitos dentro de los futuros ministerios de Trabajo y de Economía y Producción para comenzar la transformación de la mayoría de los planes de transferencia de ingresos en planes productivos de bienes y servicios.
b) Crear una nueva institución fiscal que reconozca la realidad del sector. Es necesario un mejor instrumento fiscal que el monotributo social, sin dejar de garantizar la cobertura de salud y los aportes previsionales que hoy reconoce.
Para el mediano y largo plazo se propone la creación de un millón de puestos de trabajo: 500.000 transformando programas de transferencia de ingresos en programas de trabajo y producción, y otros 500.000 nuevos puestos de trabajo gracias al impulso de la construcción de viviendas y la producción de alimentos de primera necesidad. Uno de los objetivos es construir 400.000 nuevas viviendas sociales y 200.000 nuevas viviendas en el interior del país para sectores de clase media, utilizando las cooperativas.
Retenciones
Otro de los temas que se analizan es el de las retenciones. Así se propone su eliminación en las producciones regionales que estén en situación crítica, ya que su aporte a la recaudación de dichas producciones es mínimo y su efecto es muy costoso
“Estableceremos retenciones segmentadas por tipo de producción. El sistema actual castiga a los pequeños productores y no discrimina a quienes agregan valor. Además, está atado a las necesidades que fija el FMI para el pago de la deuda, como quedó en evidencia en los últimos meses”, indica el documento.
Un dato no menor es la propuesta de regular el comercio exterior de granos y oleaginosas: “Se retomará el manejo y la regulación soberana de las divisas del sector granos y oleaginosas. Las divisas del comercio exterior de granos son un recurso escaso y estratégico. El manejo de las divisas por parte del sector privado - como ha sucedido hasta hace pocos días- ha sido un completo fracaso debido a la falta de regulación estatal y a la cooptación de los resortes del Estado por parte del sector privado concentrado. Los tiempos de liquidación de divisas serán acordes a la necesidad y forma del cumplimiento de las obligaciones externas”.
En el capítulo dedicado a la reactivación industrial se promueve:
a) Poner en marcha paritarias libres con aumentos por encima de la inflación para recomponer lo más rápido posible el poder adquisitivo de los trabajadores.
b) Recuperar lo más pronto posible el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, de las pensiones por discapacidad y de la AUH.
c) Ejecutar medidas fiscales para contrarrestar la fuerte caída de la demanda privada: autorizar a deducir de ganancias para los asalariados y jubilados que tributen en la cuarta categoría y perciban hasta $ 70.000 por mes en mano - incluyendo un tope por ingreso familiar total- hasta el 50% de su pago de ganancias en la compra de ropa, calzado, muebles, línea blanca, materiales para refaccionar el hogar, etcétera. Los bienes tienen que ser industria nacional, y la propuesta es que las medidas sean solo por uno o dos años. Refinanciación de deudas de beneficiarios de ANSES y devolución de IVA para esos mismos beneficiarios.
Energía y tarifas
Respecto de la energía, se avanza en la desdolarización de las tarifas. “Nuestro país es productor de energía. No hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo”, propone el documento.
Para los primeros 100 días del sector se propone:
a) Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días. Esta comisión continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía.
b) Una vez conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de 79 actualización futura que contemplará: los costos de mantenimiento; el valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de rentabilidad razonable de los operadores. Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, las tarifas permanecerán congeladas.
c) Se establecerá una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares que por diversas situaciones no puedan afrontar el valor regular, a organizaciones barriales y comunales que tengan como finalidad la promoción social, y a pequeños y medianos productores.
d) Se regulará el precio y la disponibilidad de las garrafas de gas.
e) Se revisará el marco regulatorio, se intervendrá el ENRE y el ENARGAS, y se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras.
f) Se establecerán criterios de calidad de prestación del servicio eléctrico y multas asociadas a la falta de cumplimiento.
g) Se formulará un plan estratégico de desarrollo de Vaca Muerta, que incluirá un plan de infraestructura para la distribución del gas a los distintos puntos del país (generadoras, industrias, usuarios, puertos), y que deberá también detectar y describir las posibilidades de incorporación de tecnología y trabajo argentino.
El documento también analiza propuestas para hacer crece el comercio exterior, reformular el sistema impositivo, la ampliación de la devolución del iva, reformular la política exterior, el sistema de defensa y de las fuerzas de seguridad. Respecto del narcotráfico, que generó una polémica absurda a partir de unas declaraciones de Axel Kicillof, se propone dejar de perseguir a los eslabones más bajos y avanzar en la persecución de las grandes organizaciones.
