12 Septiembre de 2016 07:45
La Oficina Anticorrupción le recomendó a Juan José Aranguren, ministro de Energía, desprenderse de sus acciones en Shell. El organismo que dirige Laura Alonso aclaró que si bien el funcionario “no incurre” en un conflicto de intereses por haber sido CEO de esa empresa, explicó que la sugerencia se basa en el “deber de prudencia” del artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública.
La OA le recomendó al ex CEO de Shell vender sus acciones.
En un dictamen de 85 páginas también se le requirió que se abstenga de tomar intervención en cuestiones vinculadas al Grupo Shell y que evite utilizar información privilegiada para cuestiones no oficiales.
En tanto el ministro fue notificado de la resolución del organismo el viernes pasado y ahora deberá decidir cuál será el futuro de sus acciones, según consignó La Nación.
El organismo que dirige Laura Alonso presentó el documento.
Los argumentos
Aranguren fue CEO de Shell hasta junio de 2015 y aún conserva $ 16 millones en acciones de esa petrolera, una de las principales competidoras de la estatal YPF. Esta situación fue una de las controversias más grandes de Cambiemos, y la figura del ministro de Energía se puso en discusión tras los fuertes incrementos en las tarifas de luz y gas.
"La oficina anti-corrupción no puede obligar a ningún funcionario. Lo de Aranguren fue un recomendación bien fundada", aseguró Alonso en diálogo con El Exprimidor por Radio Latina.
En el documento la OA aclaró que Aranguren no incurrió en ninguna incompatibilidad en los nueve meses que lleva de gestión, ya que “no tomó ninguna decisión que afecte o beneficie directamente a Shell”. Aunque le pidió ser cauto a la hora de tomar decisiones.
Los tarifazos de luz y gas generaron fuerte rechazo a la gestión de Aranguren.
De esta manera le recomendó al ministro "que se desprenda de su participación accionaria en la empresa Royal Dutch Shell o adopte alguna medida patrimonial". Así, podría venderlas o colocarlas en un fideicomiso ciego, como hizo Mauricio Macri con parte de su patrimonio.
La ley de ética pública (N° 25.188) indica que eso no configura un conflicto de interés en sí, sino que sólo implica que debe abstenerse de intervenir respecto de la empresa en cuestión.
Si en el futuro el funcionario tiene que tomar alguna medida relacionada particularmente con el Grupo Shell, deberá pedirle al Presidente que designe a otro ministro para la tarea. En cambio, "no tendría vedado adoptar medidas que incidan en general sobre la actividad del sector".
