por Gonzalo Prado
22 Julio de 2018 10:55
¿Qué tienen en común la causa del financiamiento de las fundaciones de dirigentes del PRO y la que se comenzó a investigar recientemente por los aportes de campaña de Cambiemos en las elecciones de 2015 y 2017? La respuesta evoca a una conocida serie de dibujos animados que se popularizó en Argentina a principios de los 90': “Los Pitufos”.
Desde hace tiempo que los especialistas antilavado, como también sucede en la Justicia argentina, comenzaron a detectar una especie de forma de lavar dinero diferente a las demás. Se trata del denominado “Smurf Laundry”, traducido al castellano como “Lavado Pitufo”. La lógica es muy simple; en vez de volcar de una sola vez una gran suma de dinero lo que se busca es hacerla “indivisible” con pequeños aportes.
La vicepresidenta, Gabriela Michetti, en un momento fue investigada por Smurf Laundry.
“Es una tipología de lavado de activos que se caracteriza por la fragmentación de las operaciones a la mínima escala al punto de hacer ingresar al sistema formal pequeñas cantidad de activos para no ser detectados por los controles. Ingresando por tanto una cantidad significativa de actores que se incluyen en la operación”, explicó el director del posgrado en lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Félix Marteau.
El PRO ya tuvo una causa por este mismo modus operandi y que en el centro ubicó a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Después de la victoria electoral en diciembre de 2015 se conoció que el día de la segunda vuelta en la casa de ella había ingresado delincuentes que se llevaron cerca de $245.000 y U$D 50.000. Como consecuencia del hallazgo se inició una causa judicial, que se tramitó en el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, para que la vicepresidenta pudiera explicar el origen de dichos fondos que según declaró eran para la fundación que preside, SUMA.
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Cuando llegó el momento de entregar la evidencia sobre el origen de los fondos la funcionaria llevó una hora de cuaderno con diferentes nombres y anotaciones con aportes que iban desde los $1.000 hasta los $20.000. En aquellos nombres había desde funcionarios de la Ciudad que después tuvieron cargos a nivel nacional, como Hernán Lombardi o Daniel Chaín, pasando por el actual diputado nacional Guillermo Montenegro, entre otros. Inclusive se dio el caso de que se tuvo que citar a un ciudadano francés que se encontraba dentro de dicha nómina, pero que ya no estaba en el país.
Varios de los funcionarios que apoyaron la candidatura de Michetti en la Ciudad aportaron a la fundación.
“El problema que hay es que se vuelve muy difícil de probar, porque bien hecho se trata de cifras que el común de la gente puede llegar a destinar sin que le modifique demasiado la economía en general. Entonces es posible que no lo recuerden o registren haberlo hecho”, le dijo a Big Bang una calificada fuente judicial acostumbrada a lidiar con este tipo de investigaciones.
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Esa causa terminó con un sobreseimiento pero obligó a que varios funcionarios de Cambiemos tuvieran que ir a dar explicaciones no sólo a juzgado sino ante la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el estado de sus respectivas fundaciones.
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La campaña electoral de 2017 volvió a encontrar ese mismo escenario según quedó evidenciado con la investigación que realizó el portal “El Destape” en donde las autoridades de la provincia todavía no pudieron explicar el origen de cerca de $40 millones de aportes que fueron realizados por personas que son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Dentro de la planilla que entregaron todas las alianzas ante la Cámara Nacional Electoral los casos se repiten. Tal y como contó BigBang, por ejemplo, en la campaña de Unidad Ciudadana llegó a estar un persona fallecida como aportante de $1.000. En la de Daniel Scioli en 2015 hubo 215 nombres que fueron rectificados con respecto a la presentación original que hicieron los responsables económicos del ex Frente para la Victoria.
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En Cambiemos además se encuentra las “donaciones” de diversos empleados de la administración pública. Según relataron varios que se encuentran dentro de las planillas de aportantes la mecánica es la siguiente: mes a mes se le descuenta un porcentaje del sueldo para luego ser computada en un sólo pago cuando llega el momento de la rendición de cuentas,
“Es algo optativo, nosotros no obligamos a nadie dentro de la administración a aportar. Cada cual elige hacerlo o no”, explicó uno de los funcionarios que aparece dentro de la nómina en la Justicia Electoral. Un dato no menor es que dicha mecánica, según comprobó Big Bang, fue realizada también para las elecciones de 2015.
“El tema ahí es muy delicado porque no me atrevería a precisar si hay un lavado de activos. Ahí hay dinero informal que puede tener una fuente lícita de actores que no quieren aparecer detectados como financista de una campaña política”, remarcó Marteu ante la consulta sobre si se trata o no de dicha tipología la campaña política a lo que agregó que es algo que también notaron en la campaña de 2007 de Cristina Fernández de Kirchner. “Fragmentaron mucho las operaciones también. Entonces vos no sabías cómo detectarlo”, consideró.
