02 Junio de 2016 15:45
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, cosechó su primera denuncia penal por haber aumentado las tarifas de gas sin haber convocado a una audiencia pública, como lo establece la ley.
La mala noticia de la denuncia para Aranguren llega luego de que desde el Gobierno se admitiera que hubo un error en el nuevo cuadro tarifario.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, reconoció hoy que “cometimos un error“, pero afirmó que “lo estamos corrigiendo”.
Aranguren fue denunciado penalmente por la el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, por la presunta comisión del delito de "incumplimientos de los deberes de funcionario público", por no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas aplicado en Mar del Plata.
Rodríguez sostuvo que el caso planteado en Mar del Plata “trascendería, en cuanto a los afectados, el ámbito territorial”, ampliándose a los “usuarios del servicio de gas natural de la República Argentina que no han podido participar en la discusión que determinó el aumento del precio del gas natural en boca de pozo”.
Por ese motivo, Rodríguez sugirió que “la investigación a realizarse debería contemplar, según se considera, la ampliación de los actos investigados a las Resoluciones del ENARGAS análogas a la Nro. 3732/2016, mediante las cuales se aprobaron los cuadros tarifarios de las distintas empresas transportadoras y distribuidoras”.
La denuncia que recayó en juzgado federal 11, a cargo del juez Claudio Bonadio, alcanzó también al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David José Tezanos González.
Se trata de la tercera denuncia penal que recibe Aranguren en lo que va de su gestión al frente del Ministerio de Energía dado que semanas atrás lo había denunciado el senador Fernando "Pino" Solanas por comprar gas a Chile "más caro que a Bolivia" y antes lo habían hecho diputados del Frente para la Victoria que lo acusaron de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".
Rodríguez se hizo eco de los hechos que habían denunciados por el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, quien había detectado "la posible comisión de infracciones penales" por el incumplimieto de la norma que "prevé la realización de una audiencia pública previa al incremento de las tarifas".
Adler consideró que "este procedimiento previo con intervención de los interesados, como es la audiencia pública en este tema específico del gas, donde hay una ley especial que indica su necesidad de realización en materia de tarifas, es una garantía implícita en la normativa constitucional que reconoce y consagra la tutela de los usuarios".
El fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había destacado que el artículo 46 de la ley 24076 dispone que "los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas".
"La ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas, no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de la ley de parte de la autoridad en un tema que afecta el derecho de las personas a su calidad de vida", señaló Adler.
