19 Diciembre de 2023 16:14
El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno pretende que el miércoles transcurra una jornada en tranquilidad y ratificó la decisión de garantizar la libre circulación ante la movilización por la Unidad Piquetera que marchará en la tarde del 20 de diciembre desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, para conmemorar un nuevo aniversario del estallido social que ocurrió en diciembre 2001.
"Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. La Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como la del estricto cumplimiento de la ley", remarcó el funcionario en la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en Casa Rosada. "Efectivamente no queremos que se corte la circulación en la República Argentina, no solo en la 9 de Julio, que es la imagen típica que todos los argentinos reconocemos como un gran problema con los piquetes, sino en el resto del país", remarcó.
En este mismo sentido, Adorni aseguró: "La circulación, la libre circulación, debe estar garantizada. En virtud de esta situación queremos también reiterar, por supuesto, que el que corte mañana la circulación dejará de percibir su plan social. No sólo se le va a quitar el plan a los que las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley, sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación".
"Queremos contarle a todos, a aquellos que reciben un plan social algún beneficio de darles tranquilidad, no sólo de que, según lo anunciado por la Ministra Pettovello el día de ayer, no solo que no se les va a pedir los requerimientos que hasta ahora se pedían, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocios con cada uno de ustedes, sino que además va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario, algún dirigente, algún puntero político", indicó el portavoz de la presidencia.
En este sentido, pidió que las denuncias sean tomadas por un equipo preparado para tomar cada uno de los casos y actuar en consecuencia. "No se les va a cortar el plan, quédense en sus casas y si van a marchar, que es por supuesto un derecho constitucional el de manifestarse, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich", insistió.
"En virtud de esto esperemos, por supuesto, esperamos todos mañana tener una jornada en absoluta paz, entendiendo que la Argentina tiene que encaminarse a acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley", expresó Adorni, al insistir nuevamente la importancia de denunciar persecución al 144.
"La decisión es concreta, queremos por supuesto que aquel que reciba la ayuda porque lo necesita lo siga haciendo, la siga recibiendo. No estamos dispuestos a que el puntero, el intermediario, el dueño de la organización o quien sea en el medio haga un negocio propio o le quite parte del beneficio al que más lo necesita", aseguró.
Eduardo Belliboni denunció persecución y aseguró que el plan de Bullrich es inconstitucional
El dirigente del Polo Obrero se posicionó frente a los dichos de Manuel Adorni dijo que resistirá en la marcha del 20 de diciembre ante el "terrible ajuste" que anunció el presidente Javier Milei la semana pasada. En diálogo con Urbana Play, manifestó: "Vamos a movilizarnos, ejercer el derecho constitucional a la protesta en el marco de un brutal ajuste del que yo no tengo memoria. Hace mucho que no veía un ajuste de estas características con un proceso inflacionario comiéndose los ingresos de toda la población trabajadora, aquellos que tenemos ingresos fijos, con una falta de alimentos en los comedores populares también otra vez como ya ocurrió con el gobierno anterior, y marchar pacíficamente".
"Se ha hecho de esto una historia, una campaña muy brutal, están recibiendo los compañeros que tienen un programa social, están recibiendo una información oficial en Mi Argentina, que tiene otro objetivo cuando se creó Mi Argentina, que es una aplicación, que dice que si marchan le van a sacar el beneficio", aseveró.
"Yo creo que es una política terrorista, una política de terror, literalmente plantarle el terror a aquellas personas que tienen un programa social a la que se las amenaza además de tener el problema social que tienen con una medida absolutamente ilegal. No puede un gobierno sacarle un programa social a una persona porque ejerce un derecho a protestar, eso hasta debería habilitar la intervención de un fiscal, de un juez, porque están amenazando a una persona vulnerable desde la primera magistratura. Eso es una barbaridad", remarcó Belliboni.
