De manera formal y tras los entredichos de la semana pasada, el Gobierno anticipó que votará a favor de la resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En un comunicado oficial se precisa que el presidente Alberto Fernández instruyó a la Cancillería para fijar posición sobre la situación que atraviesa el país gobernado por Nicolás Maduro.
El comunicado plantea que la Argentina “mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”. El asunto de los crímenes y violaciones cometidas por el gobierno de Maduro serán tratados en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
De acuerdo con el Gobierno, la argentina “valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones unidas, Michelle Bachelet”. “Hemos instado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar integralmente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes”.
En este sentido, afirma que coincide con el planteo de Bachelet respecto a avanzar en “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes imparciales y trasnparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la Justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
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Incluso el gobierno argentino planteará la necesidad de que se instale una misión permanente de la Alta Comisionada en la capital venezolana “dotada de recursos humanos y los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas, liderando actuaciones complementarias que pueda estimar convenientes para tal propósito”.
Por otra parte, la Cancillería consideró que “el diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela”.
Además, el documento precisa que el presidente Alberto Fernández “sostuvo una vez más que deben condenarse los bloqueos y sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra”.
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La semana pasada se había desatado una fuerte polémica luego de que el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, afirmara que existía una “apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos”. La Cancillería indicó que su postura no representaba la opinión del Gobierno.