Resguardar la democracia
04 Abril de 2025 11:01
Al juez federal Alejo Ramos Padilla no le tembló el pulso y emitió una medida cautelar que ordena al magistrado Manuel García-Mansilla, nombrado en comisión como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abstenerse de tomar decisiones en causas jurisdiccionales y administrativas. Esta resolución se extiende también a los demás integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes deberán acatar la orden en un incómodo silencio mientras se evalúa la constitucionalidad del procedimiento que llevó al nombramiento por parte del presidente Javier Milei.
La decisión judicial surge como consecuencia del rechazo del Senado a los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes en la Corte Suprema. En una sesión especial, el trámite legislativo culminó con 51 votos negativos y 20 afirmativos para García-Mansilla, y 43 votos en contra frente a 27 a favor para Lijo, ambos lejos de alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación.
En declaraciones a Radio 10, Ramos Padilla explicó que la medida cautelar tiene una vigencia inicial de tres meses, plazo para analizar si la permanencia de García-Mansilla en el tribunal contraviene principios fundamentales de la Constitución Nacional: "Vamos a analizar si no se está violando el principio republicano de la división de poderes y el estado de derecho, que son garantías muy importantes para el ejercicio democrático", señaló el magistrado.
Según explicó Ramos Padilla, "se dispuso una orden jurisdiccional en el marco de un expediente y se le ordenó a él y a todo el tribunal, a los miembros de la Corte y a los secretarios, que se abstengan de tomar conocimiento y decisión de las causas jurisdiccionales y administrativas que están a decisión del máximo tribunal".
El juez también habló sobre por qué la cautelar no fue dirigida antes del proceso en el Congreso y la respuesta fue contundente: "No tomé una decisión antes porque quería ser respetuoso sobre las facultades del Congreso y no quería interferir sobre el debate", puntualizó. Además, destacó que los antecedentes citados por García-Mansilla para justificar su nombramiento eran "muy antiguos" y carecían de relevancia en el contexto actual: "Uno era de 1962, cuando estaba (el presidente José María) Guido porque acababan de deponer a (Arturo) Frondizi y no existía una práctica constitucional", ejemplificó Ramos Padilla, haciendo referencia a un período en el que regía el último gobierno de facto en Argentina.
El magistrado también reflexionó sobre los riesgos institucionales que implica la designación de jueces por decreto sin nombrar siquiera una sola vez a Javier Milei y su séquito de funcionarios: "Lo que analizamos es si en esta altura y en esta instancia (la designación de un juez supremo en comisión) no afecta la división de poderes y si el Poder Ejecutivo puede tener la posibilidad de designar eventualmente a todos los miembros del Poder Judicial, con lo cual se rompería el principio básico división de poderes", advirtió.
La controversia sobrevino en un contexto político marcado por las críticas hacia las designaciones en comisión realizadas por el presidente Milei que tenía como intención "apurar" el tratamiento de los miembros de la corte. Ramos Padilla destacó que "el grado de riesgo de que una persona que no reúna los requisitos de la Constitución esté ocupando el máximo cargo en el Poder Judicial" fue un factor clave para dictar la cautelar.
El juez también hizo hincapié en el impacto histórico del Poder Judicial en los momentos más lúgubres de la historia argentina cuando la democracia estaba interrumpida: "En el Poder Judicial hay mucha gente valiosa", afirmó, pero como contrapunto explicó que "es cierto que durante el siglo XX ese poder participó de las dinámicas de interrupciones constitucionales, como el caso de Guido quien terminó jurando frente a la Corte" tras un golpe militar. En esos contextos, "los presidentes juraban ante la Asamblea Parlamentaria sino ante la Corte Suprema, se dictaban decretos que la Justicia no dictaba como inconstitucionales y se rompió la sociedad y el Estado democrático", concretó el juez federal Alejo Ramos Padilla.
