Durante los últimos meses, Gerardo Milman, actual diputado de Juntos por el Cambio y mano derecha de Patricia Bullrich en su entorno político, se encuentra en el centro de la polémica. El foco sobre el ex miembro del Ministerio de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri apareció cuando un testigo denunció que lo oyó decir en un bar la siguiente frase: “Cuando esté muerta, yo voy a estar en la Costa”. Pocas días después, Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara a Cristina Fernández de Kirchner. Era la noche del 1° de septiembre. En ese momento, Milman estaba en Pinamar.
Tras ser vinculado a la banda terrorista que intentó matar a la vicepresidenta, diversas denuncias comenzaron a pulular entorno a Milman. La última es que el fiscal Carlos Stornelli lo imputó por el delito de “dádivas”. El motivo es que la cédula azul de un Peugeot 2008 Sport, que era manejado por una bella mujer, con el registro vencido y a la que él llamaba “mi pareja”, aunque está casado con otra, estaba a su nombre. Lo increíble es que el vehículo es propiedad de una empresa proveedora el Estado. Esos extraños vínculos sacaron a la luz una serie de comportamientos extraños del diputado del PRO.
En el expediente, Stornelli aclara: “Constituirá objeto de investigación y conforme se denuncia, la presunta admisión de una dádiva -sin prejuicio de toda otra figura que en definitiva resulte aplicable- por parte de Gerardo Fabián Milman. El mencionado Milman habría recibido un rodado marca Peugeot, modelo 2008 de parte de la empresa Metalúrgica Oliva Hermanos dedicada a brindar servicios de seguridad de caudales y proveedor de materiales de blindaje”.
La “asesora” de Milman: la ex Miss contratada como directora de inteligencia del macrismo
Los datos sobre aquel episodio fueron relatados en Argenzuela. A esa investigación, en el programa de Jorge Rial también le sumaron datos sobre facturaciones truchas al Estado. Milman realizó ocho facturas a la Metalúrgica Oliva Hermanos por “asesoramiento en materia de seguridad internacional". El total es por 1.326.000 pesos, pero como una parte data de 2020 y 2021, actualizadas, deben rondar los 3 millones. Además de eso, hay otros dos boletas vinculadas a Milman.
Una es al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, presidido por su jefa política, Bullrich, y otra por 665.700 pesos, a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco. ¿Por qué es extraño? Porque ella figura como “deudora incobrable” en los informes comerciales. Y resulta extraño que le haya podido pagar es dinero al diputado de Juntos por el Cambio.
Atentado a CFK: las “asesoras” de Milman entregaron sus celulares, pero una borró todo y la otra lo cambió
En ese contexto, la carrera política de Milman parece verse seriamente dañada. Es que, en primer lugar, desde la alianza macrista lo quieren fuera de todo acto político de cara a las Elecciones 2023. “Temen que salten más cuentas que no tienen sentido”, aclaró un allegado al PRO en estricto off the record. Por eso, ya tomaron la primera medida y es mantenerlo de la vista pública.
Por eso, Milman fue apartado de su rol como jefe de la campaña electoral de Bullrich como precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio. De hecho, en el último viaje a Miami que la ex ministra de Seguridad hizo a La Florida, Milman ni apareció y ahí se nombró a Juan Pablo Arenaza como coordinador de campaña. La otra medida del PRO es que se comience a dar de baja a todas las innumerables asesoras que Milman contrató en Diputados. La mayoría de ellas veinteañeras, con carreas como modelos y muy voluptuosas aunque sin calificaciones para los roles que deberían cumplir en el Congreso.
Por otra parte, Milman ya empezó a borrar ciertas huellas. Por ejemplo, decidió dejar de alquilar el costoso departamento por el que paga 1200 dólares por mes. También bajó abruptamente los gastos en las tarjetas de crédito, alguna de ellas con pagos en sex shops por juguetes sexuales o disfraces. Por otra parte, continúa la investigación sobre dos de las asesoras de Milman. Una es Carolina Gómez Mónaco, que fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal en 2017, aunque no tenía antecedentes para ese cargo. Y también a Ivana Bohdziewicz, que hace años trabaja con el diputado y cobra un abultado sueldo.
En todo ese contexto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la secretaria de la cartera, Mercedes La Gioiosa, presentaron una denuncia contra Milman y contra Patricia Bullrich, por la contratación dudosa de "18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones pero que sí habrían cobrado salarios abonados con fondos públicos por una suma millonaria”. Los delitos por los que podrían ser imputados son “administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública”. El expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.