Mientras el país amanecía con sus principales servicios paralizados por un nuevo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el gobierno de Javier Milei eligió responder no con diálogo, sino con una campaña de propaganda en estaciones ferroviarias bajo el título "Ataque a la República", en una clara estrategia de confrontación y estigmatización de los sectores sindicales. Lejos de apaciguar el clima social y político enrarecido, la administración libertaria profundizó la grieta al difundir un video oficial donde acusa a la "casta sindical" de "atentar contra millones de argentinos que quieren trabajar".
Además, instó a denunciar, a través del 134, a quienes "extorsionen u obliguen a parar". La pieza, promovida por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue exhibida en pantallas de estaciones del AMBA, un espacio público que el gobierno utilizó para enviar -una vez más- un mensaje de repudio hacia la medida de fuerza sin abrir ninguna instancia de diálogo con los gremios. El mensaje no es inocente. Se trata de una jugada comunicacional que instala una narrativa binaria: los que quieren trabajar contra los que luchan por sus derechos. En este relato, los sindicatos no representan trabajadores, sino un enemigo interno que amenaza el orden.
Este recurso remite a los peores momentos de la historia argentina y convierte la protesta social en delito o traición. La respuesta del movimiento obrero, sin embargo, fue contundente. En un extenso comunicado, la CGT denunció que "el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos" y acusó al gobierno de "insensibilidad frente a los problemas de la gente". Exigen paritarias libres, aumento de emergencia a jubilados, freno a la represión de la protesta y rechazo a las privatizaciones de empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.
La jornada de paro afectó numerosos sectores clave: trenes, subtes, vuelos, bancos, salud, educación y recolección de residuos, entre otros. El impacto fue notorio, a pesar de que algunos servicios -como los colectivos en el AMBA- funcionaron con normalidad por efecto de la conciliación obligatoria. La adhesión de gremios universitarios, docentes, aeronáuticos, estatales y portuarios mostró un amplio frente opositor a las políticas de ajuste del Ejecutivo. Pero el gobierno eligió desoír el reclamo y optó por la provocación.
Lo que debería haber sido una oportunidad para evaluar el alcance del malestar social y replantear una agenda económica que golpea de lleno a los sectores más vulnerables, se convirtió en una excusa para reforzar su retórica de confrontación y desprecio hacia cualquier forma de disenso. En nombre de una supuesta república amenazada, el gobierno se aleja cada vez más de los principios democráticos que esa misma república debería sostener: el diálogo, la negociación colectiva, la libertad de expresión y el derecho a huelga. Convertir a los sindicatos en enemigos y a la protesta en "extorsión" es una táctica peligrosa que erosiona el contrato social. La verdadera amenaza a la república no es el paro. Es la negación del conflicto social y el intento de silenciarlo con propaganda y represión.