Divididas para Gerardo Milman: una buena y una mala. A principios de junio, el diputado se presentó en los tribunales federales y se autoimputó en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, con el motivo de poder acceder al expediente antes de que la Cámara Federal realice la audiencia en donde se decidirá si se debe secuestrar su celular o no para ser peritado y ver si realmente tuvo que ver con el intento de asesinato. Y tras ser aceptado, su abogado Manuel Barros pidió que se postergara aquella audiencia pero rechazaron su pedido.
El viernes por la tarde, la Cámara Federal porteña negó el pedido que había hecho el ahora abogado del diputado nacional de Juntos por el Cambio, con el fin de que se postergara la audiencia que lo tendría a él como foco de atención, ya que se discutirá si se debe secuestrar e indagar su teléfono.
Finalmente, la misma se llevará a cabo el próximo 22 de junio, se hará de manera presencial y estará encabezada por los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
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Por entonces, el juez del tribunal de apelaciones, Pablo Bertuzzi, resolvió: “Hágase saber al doctor Barros, letrado defensor del señor Gerardo Milman, que la audiencia habrá de llevarse a cabo el 22 del corriente mes a las 10 horas, de manera presencial, en la sede de este Tribunal. Así, teniendo en cuenta la fecha en la que el letrado aceptó el cargo en estas actuaciones, a la prórroga solicitada, no ha lugar”.¿Por qué se busca acceder al celular de Milman? Esta idea se abrió el 23 de septiembre, justo 22 días después del intento de asesinato de la vicepresidenta, en donde Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se presentó ante la jueza y aseguró que fue testigo tras escuchar a Milman en la noche anterior al episodio, conversar con cercanos en un bar en el cual hacía referencia al atentado.
"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca. Es por eso que rápidamente la querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron de manera urgente que se le secuestre el celular al diputado para comprobar si hay alguna información a recuperar que les permita analizar cuánto tuvo que ver en el hecho.
Sin embargo, tras llegar al tribunal de apelaciones, la jueza María Eugenia Capuchetti se opuso al reclamo de la querella y de la fiscalía, bajo el motivo de que el diputado no se encuentra formalmente imputado, por lo cual no pueden avanzar con su pedido. La Ley de Fueros establece que para poder realizar una investigación en una medida de estas características, se debería imputar al legislador por un delito.
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A pesar de haber sido rechazada, la semana anterior, los fiscales Carlos Rivolo y José Luis Agüero Iturbe, volvieron a insistir con lo mismo: "Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal", exigieron ante la Cámara Federal porteña, según pudo revelar Télam.
"No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.