Mientras la Justicia lleva adelante diferentes causas vinculadas al atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, llevado adelante por Fernando Sabag Montiel, en complicidad con Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, las sospechas de más personas vinculadas al ataque se siguen multiplicando.
En ese contexto, están bajo la lupa desde miembros vinculados a grupos neonazis que forman parte de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei y José Luis Espert, y también que militan en el PRO de Patricia Bullrich. Por otra parte, un diputado nacional macrista, llamado Gerardo Milman, es investigado no solo por presentar una proyecto de ley en el que aseguraba que la vicepresidenta estaba armando un “autoatentado” sino que un testigo lo escuchó decir en un bar, el día 30 de agosto: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”. El día del atentado, el 1° de septiembre, Milman estaba en Pinamar.
En tercer lugar, la Justicia de Comodoro Py lleva adelante otra investigación contra los miembros de Revolución Federal, llamados Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, organizadores de la marcha de las antorchas, en donde intentaron prender fuego la Casa de Gobierno y donde conocieron a Uliarte. Por otra parte, dos de esos cuatro estuvieron en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina, un día antes del ataque.
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los encontró responsables de formar una agrupación que buscaba “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena por “violencia pública” tiene hasta 8 años de prisión. Además del procesamiento, Martínez de Giorgi los embargó por 9 millones de pesos.
Lo llamativo es que hace 48 horas, los liberaron a los cuatro tras estar detenidos desde el 20 de octubre. Según informaron desde la Cámara Federal, como no tenían antecedentes penales y porque la prueba de la causa ya estaba secuestrada, el proceso no corría ningún riesgo. También dejaron en claro que la banda de violentos no estaba vinculada al atentado. Por eso motivo, desde el presidente Alberto Fernández hasta otros funcionarios nacionales y miembros del oficialismo criticaron a la Justicia.
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En la resolución con fecha de hoy, el juez afirmó: “Los sujetos aquí imputados conformaron una organización denominada Revolución Federal y tomaron parte de ella, difundiendo masivamente propaganda de odio y realizando actos violentos, con abierta intención de incitar a la persecución, hostilidad y violencia colectiva contra determinados sujetos -autoridades y simpatizantes- pertenecientes a un determinado espacio político -Frente de Todos”.
Y finalizó: “En definitiva, pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho”.