El Gobierno que preside Javier Milei decidió dar de baja la convocatoria que había acordado antes de fin de mes con el Consejo de Salario que pretendía actualizar el Salario Mínimo, vital y Móvil (SMVV), en medio de una tensión con la CGT y otras centrales sociales que adhieren al paro y la movilización del 24 de enero.
Este llamado, que había sido acordado por el Gobierno, fue confirmado por el propio secretario de Trabajo, Omar Yasín, que había analizado la situación y abierto el diálogo con los empresarios y los sindicalistas entre el 20 y el 30 de enero.
Ahora, desde el Gobierno, responden que "no hay fecha" para una nueva convocatoria y, ante la pregunta por parte de Página 12 acerca de cuánto influye la decisión del paro general que convocó la CGT para el 24, una fuente cercana al presidente deslizó que es muy difícil conseguir un consenso en ese marco y que esperarán a que la población "cambie de ánimos" para empezar a negociar.
Según los datos oficiales, el salario mínimo tuvo una nueva actualización en el mes de diciembre de 2023 y anteriormente había tenido una suba en noviembre, del 6.85 por ciento, y su anualización es del 151,80%, que es superior a la anualización del mes comparable con la inflación, que tan sólo en el mes de diciembre alcanzó el 25,5 por ciento.
Pero... ¿qué significa salario mínimo, vital y móvil? Por definición, es la "es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión". Por este motivo, debe ajustarse periódicamente y no puede ser rebajado en virtud de un convenio, ni de un acuerdo que se haga de forma individual.
Sin embargo, la convocatoria por parte de los sindicatos es muy urgente, ya que la devaluación que lleva adelante el Gobierno impacta directamente en el salario de los trabajadores, que quedó un 26,7 por ciento por debajo del mismo mes en 2019, según apuntó los datos de Cifra.
Por su parte, el ranking realizado por la Agencia Bloomberg sobre los salarios mínimos de los países latinoamericanos en dólares, expresó que la Argentina es el segundo territorio con los niveles más bajos de la región, únicamente por debajo de Venezuela, debido a que un argentino promedio gana aproximadamente 125 dólares por mes, mientras un trabajador venezolano consigue unos 3,61 dólares.
Este mismo ránking ubica a la Argentina por debajo de República Dominicana (245 dólares); Perú, (277 dólares); y Brasil (291 dólares). En este marco, se puede aclarar que la cifra total no alcanza a cubrir una Canasta Básica (ni siquiera con los números de diciembre, donde una persona requería de 160 mil pesos para no ser considerado indigente), sin mencionar que cada rubro tiene distintos estatutos que interpretan a la Ley de Contrato de Trabajo de forma diferente e incluso a aquellos que son monotributistas o no están bajo el régimen de un empleo formal.
De hecho, el 26,8 por ciento de los empleados no registrados cobra menos que el Salario Mínimo y comprende, en su mayoría, a las empleadas de casas particulares y otros rubros que establecen un piso mínimo en el sector del mercado laboral.
Por otro lado, el Consejo del Salario, que cuenta con 32 miembros repartidos entre los representantes de las centrales obreras y las cámaras patronales (comercio, industria, construcción y pymes) son las que deciden el valor e intentan acordar con el Estado, además de garantizar el piso de los haberes jubilatorios y el valor del seguro por desempleo (que también quedaron desfasados en relación a noviembre de 2023).
Al respecto, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, aprovechó su paso por el Congreso en el debate de la Ley Ómnibus y reclamó la urgente convocatoria con el Gobierno para resolver este tema y plantear la importancia que tiene el desenganche de los planes sociales del Consejo del Salario para evitar "discusiones de intereses", ya que se trata de un ayuda económica por parte del Estado.
El artículo 654 de la ley ómnibus habla de la ratificación del ilegal e ilegítimo DNU. El capítulo cuatro no ataca privilegios, ataca derechos individuales, colectivos, limita la acción sindical en el mayor momento de vulnerabilidad del país. Ataca a las economías regionales y desregula el sistema privado de salud. Tenemos que estar en un momento clave para nuestro país y consolidar su institucionalidad democrática", pidió Daer.
Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo "Cachorro" Godoy, expresó, también en el Congreso: "No hay libertad si no hay igualdad, no hay libertad sin democracia, no hay libertad sin soberanía de la nación. Ambos, el proyecto de ley y el DNU arrasan con estos conceptos. Queda una libertad sólo como expresión. Por eso, hemos convocado el 24 de este mes a un paro general con movilizaciones en todo el país".