Este miércoles, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió que se investigue la denuncia contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, por la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue tomada a la luz de que se revelaran convenios mediante los cuales se entregaron dosis para uso exclusivo de afiliados de algunas obras sociales y compañías de medicina prepagas.

Rodríguez Larreta y Quirós habían sido denunciados penalmente el martes, en dos presentaciones en paralelo. Una de ellas fue efectuada por la abogada laboralista Natalia Salvo. 

Denunciaron a la Ciudad por presunta "privatización" de dosis: la respuesta de Larreta

La causa quedó, por sorteo, en manos del juez federal Ariel Lijo. El fiscal deberá dedicarse a solicitar medidas de prueba -como los convenios que se firmaron- para resolver si los funcionarios serán o no indagados. 

"Esto ya es una primera aproximación de que hay ciertos indicios de una conducta delictiva que debe ser investigada. Hay mucha sensibilidad social con el tema vacunas, por eso el tema tuvo repercusión en el marco de la situación excepcional de pandemia", le señaló Salvo a BigBang.

Además, adelantó que aunque Stornelli haya solicitado la investigación pedirán su recusación por "razones de público conocimiento". Vale recordar que el fiscal tiene dos procesamientos: fue denunciado por extorsionar al empresario Pedro Etchebest en el marco de la causa de asociación ilícita que encabeza el espía Marcelo D'Alessio; y por ejercer espionaje sobre la pareja de su ex esposa. 

Quirós aclaró la derivación de dosis a prepagas: "Lo principal es mantener la oferta"

"Vacunados de primera y de segunda"

"Esto se entiende como la privatización de la salud, en el contexto de una emergencia sanitaria y una pandemia mundial. Lo que queremos es ver si hay vacunados de primera y de segunda. Hay distintas prepagas y obras sociales que están ofreciendo la vacunación a sus afiliados, pese a que son un recurso público adquirido por el Estado nacional", había señalado días atrás Salvo en diálogo con BigBang luego de presentar su denuncia.

"En principio, lo que estamos solicitando en base a las publicaciones virtuales de las prepagas es el peritaje tecnológico para determinar si son efectivamente campañas oficiales de los sanatorios", agregó. "Cuando uno hace una denuncia, solicita además medidas de pruebas para acreditar lo que uno cree que es un delito. Es por eso que, en principio, requerimos pericias informáticas para determinar si son veraces los posteos de las obras sociales".

El segundo paso en materia probatoria es determinar si se avanzó con las campañas de vacunación exclusivas para afiliados, información que según la abogada "debería ser pública", ya que "hay un registro obligatorio de vacunación que fue establecido por ley y en el que tiene que figurar el registro completo de las personas que fueron inoculadas y cuántas partidas se les otorgaron a los sanatorios privados de la Ciudad".