13 Febrero de 2017 04:23
El Gobierno de Mauricio Macri busca avanzar en una reforma judicial a lo largo del 2017. El objetivo de la iniciativa es lograr destituir al menos a una media docena de jueces que se encuentran sospechados por corrupción o mal desempeño de sus funciones. Pero además quieren cubrir los cargos de unos 70 jueces en juzgados que hoy están vacantes.
En una primera instancia, el objetivo del Gobierno es avanzar en aquellos magistrados que se encuentran sospechados e investigados por la Justicia. El primer paso se daría dentro de poco más de un mes, a fines de marzo: intentarán remover a Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal, quien fue denunciado por enriquecimiento ilícito.
Eduardo Freiler, el polémico camarista de la Sala I, denunciado por enriquecimiento ilícito.
Según La Nación, la segunda etapa del plan que trabajan en la Casa Rosada ocurriría entre abril y agosto. En ese tiempo, buscará elevar a juicio político al juez federal Daniel Rafecas. No es casual. Se trata del magistrado que se negó a reabrir la causa iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman hacia Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
El año pasado, mediante una polémica solicitada publicada en un matutino porteño, decenas de hombres y mujeres de la Justicia solicitaron que sea apartado y sometido a juicio político.
El juez federal Daniel Rafecas fue quien ordenó cerrar la denuncia de Nisman contra Cristina.
Pero el plan del Gobierno incluye a otros magistrados, de distintos tribunales. Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación, Oscar Hergott, del tribunal Oral Federal de Capital, y Jorge Ferro, camarista de Mar del Plata, son otros tres nombres con los que avanzarían a la hora de solicitar juicios políticos. Sería entre septiembre y diciembre. Los tres jueces fueron denunciados por mal desempeño de sus funciones.
JUICIO POLÍTICO
Lo concreto es que para avanzar en la destitución de los magistrados se necesita, en primera instancia, el voto de nueve de los 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Aunque en algunos casos habría consensos, Cambiemos podría tener dificultades para avanzar en el juicio político con varios jueces.
Por ahora, en el equipo del ministro de Justicia, Germán Garavano, elaboran estrategias para concretar cada una de las acusaciones hacia los miembros del Poder Judicial que pretenden apartar de sus cargos. El Consejo de la Magistratura ya había realizado una serie de auditorías sobre el desempeño de los magistrados.
Eel ministro Garavano cree que tendrán los votos suficientes del Consejo de la Magistratura.
Ahora, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Guillermo Lipera, comenzará a analizar los resultados para avanzar en posibles nuevos pedidos de juicios políticos.
MÁS JUECES, MENOS JUZGADOS VACANTES
Una de las grandes problemáticas que existen en el Poder Judicial desde hace años son las demoras en el nombramiento de jueces y fiscales. De hecho, hay decenas de juzgados que se encuentran vacantes. Ahora, la idea en el Gobierno es concretar al menos 70 nombramientos.
Si bien la idea ya existía, el puntapié fue la semana pasada, cuando entre otras cosas, el Consejo de la Magistratura aprobó 13 ternas de jueces para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, Tucumán y Mendoza. El plan, en verdad, ya comenzó el año pasado: con el temor de posibles juicios políticos, renunciaron varios jueces más que polémicos, entre ellos Norberto Oyarbide y el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozanski, miembro de la agrupación Justicia Legítima.
