El empresario Lázaro Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que apuntó contra Cristina Kirchner y su ex gabinete al asegurar que los “actores centrales” en la contratación de obra pública son los “máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional”.
Lázaro Báez, detenido, apuntó contra la gestión kirchnerista.
En la presentación, el dueño de Austral Construcciones acusa al magistrado de “desconocer, o más bien ignorar, pruebas y argumentos” en su favor, se desliga del delito de lavado de dinero e involucra a diversos organismos de Estado que debían supervisar su labor como contratista, según consignó Clarín.
Los vínculos entre la familia Báez y Kirchner atraviesan su peor momento.
El extracto más comprometido del escrito, intenta comprometer a diversos sectores políticos. “Los actores centrales -del sistema de contratación de obra pública- no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (diputados y senadores nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control”. Y para el final guardó la frase más polémica: “No fui yo, fuimos todos”.
El escrito pide un "redireccionamiento" de la causa y apunta al juez.
El texto le requiere a Casanello que “sincere el objeto procesal”, y lo “invita” a dar “el necesario giro que impone la causa”. Es que Báez entiende que la investigación apunta sólo hacia sus empresas y patrimonio y deja fuera de la mira a ex funcionarios del gobierno kirchnerista.
Báez cree que tanto Casanello como el fiscal Guillermo Marijuan sembraron en la sociedad la duda en torno a la legalidad de los negocios de su empresa al referirse al cobro de supuestos sobreprecios y facturaciones truchas. “Han hecho un esfuerzo denodado por generar la sospecha de ilicitud de todo el patrimonio de la familia Báez”, señala.
De esta forma el empresario patagónico intentó justificar los millones de dólares que su hijo Martín junto a su contador y otros colaboradores contaron frente a las cámaras de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. También se despegó del uso de facturas truchas y como estos ítems aún son materia de investigación argumentó que no pueden ser considerados como delito precedente para la acusación de lavado que pesa sobre su cabeza.