El empresario Lázaro Báez pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello que haga un "sinceramiento" del objeto procesal de la causa por la que está detenido y que investigue "a todos" los adjudicatarios de obras públicas en el país y a los "órganos del Estado" encargados de controlarlos.
Lázaro Báez sigue detenido en Ezeiza.
El titular de Austral Construcciones SA planteó al magistrado que si su intención es "cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos" tenga en cuenta que "los actores principales" son los funcionarios públicos "sobre quienes reposaba el deber de control".
En su escrito propuso al juez Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso" que lo tiene como principal protagonista "si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio".
"La causa debe girar su objeto hacia lo que parecería justificar (...) el escarnio procesal al cual se viene sometiendo a la familia Báez: una presunción de enriquecimiento a través de supuestos e inexistentes sobreprecios en los contratos de obra pública", agregó.
Báez, asistido por los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, se quejó de que "tanto el fiscal como el juez intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades -sin probar nada- que ACSA habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios".
"A partir de allí han invocado -también sin probar nada- que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos. Y posteriormente (...) se habría vuelto a tornar blancos aquéllos fondos que inicialmente lo eran", sentenció.
Para el constructor de Santa Cruz, Casanello "no probó ningún hecho" en el expediente y solamente "afirmó arbitrariamente algo en pos de no ver desvanecida su infundada pretensión de someter a Lázaro Antonio Báez y a Martín Antonio Báez al escarnio de un proceso penal". "Este proceso es escandaloso para un sistema penal de garantías. Es claro que Vuestra Señoría tiene preso a un inocente", alegó.
Báez pidió al juez y al fiscal federal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio".
"A tal fin será un paso ineludible la investigación a todos los empresarios, como así también a los órganos del Estado que actuaran en la fase ejecutiva y/o de control", agregó.
Proceso y embargo de Lázaro Báez
El 18 de abril último Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y su contador Daniel Pérez Gadín y los embargó en más de 100 millones de pesos por lavado de activos en la causa conocida como "ruta del dinero K".
Además fueron procesados -sin prisión preventiva- sus respectivos hijos Martín y Sebastián; el asesor financiero Fabián Rossi; el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, y el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot.
Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.
Audiencia en la Cámara Federal
En su escrito, Báez pidió una audiencia personal ante la Cámara Federal porteña, que le fue concedida para el próximo lunes, según consignaron fuentes judiciales.
La Sala II de la Cámara convocó a Báez para el lunes a las 11.15, para que el empresario pueda expresarse ante los jueces sobre su situación en la causa.