01 Septiembre de 2020 12:04
Se recalienta la interna por las tomas en la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni cruzó con fuerza a la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, y señaló que trabaja "todas las noches" para desarticular la problemática en territorio bonaerense. "Este fin de semana desarticulamos cinco o seis tomas. Tenemos un sistema de guardias nocturnas. Le puedo asegurar que si hay algo que se está organizando son las tomas", disparó el funcionario de Axel Kicillof.
"La responsabilidad de la seguridad en la provincia es del Gobierno de la provincia de Buenos Aires", aclaró de inmediato. "Los bonaerenses tienen que estar tranquilos que para su gobernador y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada", reforzó.
Las declaraciones llegan un día después de que Frederic marcara una posición más social y política sobre la problemática. "Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires. Ahora, ese no es un tema de Seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen a la problemática".
Desde la cartera nacional se aborda la problemática con sus distintas aristas sociales y se toma en cuenta el delicado cuadro de situación que se vive en el marco de la crisis económica, profundizada por la pandemia de Covid-19. Las respuestas, explican, tienen que ser menos "para la tribuna" y más focalizadas en los sectores vulnerables. "Si no, estamos poniendo la solución del problema sólo en los desalojos, que si las Justicia los ordenó, habrá que hacerlos, pero la provincia tiene una ley que prohíbe los desalojos hasta finales de septiembre y Nación tiene un decreto que los prohíbe hasta mediados de marzo", reforzó Frederic.
"La usurpación es un delito. No lo digo yo, lo dice la ley", cruzó Berni, al tiempo que subió al ring a Kicillof: "El gobernador me dio misiones muy claras. En la defensa de los intereses de los bonaerenses está la defensa de la propiedad privada y el que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso".
En la entrevista con Luis Novaresio, el ministro de Seguridad bonaerense recordó y elogió el desalojo del parque Indoamericano que tuvo lugar en diciembre de 2010. Por ese entonces, la administración nacional trabajó en conjunto con el gobierno porteño de Mauricio Macri para desalojar a las más de cien familias que se habían asentado en el lugar y reclamaban, como explica Frederic, el derecho al acceso a una vivienda digna.
"La toma más grande de la historia de la Argentina fue el Indoamericano. Quien trabajó y desalojó a esas 16 mil personas de manera pacífica, sin ningún tipo de problemas fue quien le habla", se jactó Berni, pese a que durante el operativo se asesinó a tres personas y hubo heridos graves con balas de plomo.
La jueza Cristina Nazar fue quien ordenó el desalojo del predio, operativo que quedó en manos de la Policía Federal y la por entonces Policía Metropolitana. "Se reprimió con extrema violencia la toma y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas. Durante los días del conflicto, también fue asesinado Emiliano Canaviri Álvarez", señaló el crítico informe que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales cuatro años después.
"La impunidad de la represión contrasta con la criminalización de referentes sociales a los que se intenta responsabilizar por los conflictos. En estos cuatro años, se pusieron constantes obstáculos para frenar la causa judicial en la que se investigan las responsabilidades penales del operativo policial que causó la muerte de dos personas en el Indoamericano", reforzó el paper del CELS.
El informe del Cels también advirtió la complicidad judicial. "Aunque los jueces de la Cámara que revocó los procesamientos consideran que los homicidios fueron cometidos por policías, los efectivos de la PM y de la PFA que estuvieron imputados por las muertes y lesiones fueron sobreseídos con el argumento de que no es posible identificar responsabilidades individuales. A pesar de que la investigación judicial determinó que la PM fue responsable de los disparos que produjeron las muertes, ninguno de los efectivos que participó del violento operativo, ni siquiera los jefes, fue sancionado por haber incumplido obligaciones funcionales. Varios de ellos volvieron a participar en represiones de características similares como el desalojo de la Sala Alberdi y del Hospital Borda".
