07 Junio de 2016 05:00
La Cámara de Diputados continuará mañana con el tratamiento en comisión del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que modifica el régimen fiscal y establece un programa de reparación histórica para jubilados y pensionados, en una jornada en la que se prevé escuchar a representantes de organizaciones de la tercera edad y especialistas en temas tributarios y fiscales.
La propuesta, que ya fue defendida la semana pasada por representantes del Gobierno Nacional, seguirá siendo debatida desde las 12 en una reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de Diputados, que se desarrollará en el Anexo del Congreso y que arrancará con el testimonio del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
De acuerdo con lo anticipado por distintas fuentes legislativas, la intención de los diputados es sacar dictamen el jueves para tratarlo en una sesión especial que sería convocada para el miércoles 15 de junio.
El diputado Héctor Daer, presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que la intención es “emprolijarlo” en los próximos dos días y “el jueves tener prácticamente algo definitivo para llevarlo al recinto el día miércoles de la semana que viene”.
Héctor Daer, presidente de la Comisión de Presupuesto.
“Fundamentalmente se está trabajando en muchas cosas técnicas y otras que son políticas”, indicó el legislador.
Desde el oficialismo confían en que están “garantizados” los votos para dar media sanción a la propuesta, más allá de algunas diferencias sobre el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
El radical Miguel Bazze manifestó que “son mucho más importantes las coincidencias que tenemos con la oposición que las diferencias” y que “en consecuencia debemos ser capaces de encontrar fórmulas que nos permitan acordar y sancionar esta ley que repara una tremenda injusticia con los jubilados”.
El radical Miguel Bazze.
“La discusión es otra, es si prohibiendo la venta de acciones de empresas privadas que el Fondo posee es la mejor forma de preservarlo, o si posibilitando su comercialización se garantiza mejor la rentabilidad del mismo”, agregó.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, argumentó que el FGS no se puede manejar “con tanta rigidez en la administración” de sus recursos, por lo que insistió que desde el Gobierno van a buscar hacer “algunos cambios” en el manejo de esta caja.
El ministro del interior, Rogelio Frigerio.
Sin embargo, el massista Marco Lavagna sostuvo que “si se venden masivamente las acciones de la ANSES, se puede estar hipotecando el futuro del fondo de sustentabilidad”.
En tanto, desde el Bloque Justicialista, que ya anticipó que va a apoyar en general el proyecto con disidencias en particular, Diego Bossio ratificó que los dividendos de las acciones “son suficientes para atender el flujo de financiamiento sin necesidad de vender los activos”.
Diego Bossio, del Bloque Justicialista.
el polémico artículo 85
Otro de los focos de conflictos generados por el proyecto enviado por el Ejecutivo tiene que ver con el artículo 85 de la ley de blanqueo de activos sin declarar.
El bloque de diputados nacionales FpV-PJ expresó hoy su oposición, al sostener que a través de ese punto “se pretende establecer fuertes multas y penas de prisión a quienes divulguen datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo”.
“El artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32”, dijeron desde la bancada que preside Héctor Recalde.
Héctor Recalde, presidente de la bancada del FpV.
Y agregaron que “además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse”.
Según los diputados del FpV-PJ, el proyecto dice que “los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”.
“Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.
Para el mayor bloque opositor de la Cámara, “lo que demuestra esta redacción es que el Gobierno Nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panamá Papers y HSBC, y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere”.
“El FpV-PJ repudia que el Gobierno quiera impedir que el pueblo se entere de quiénes blanquean capitales del exterior. Vamos a trabajar para eliminar esta mordaza a la prensa”, sentenciaron.
El proyecto se pondrá mañana a consideración en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social previsto para las 12.
críticas de fopea
Sin embargo, el del Frente para la Victoria no fue el único rechazo que sumó el blanqueo, ya que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se opuso a la redacción del artículo 85 del megaproyecto de ley que se trata en la Cámara de Diputados y que se refiere a la “reserva de identidad” de quienes se acojan al blanqueo de activos no declarados, al considerar que “afecta gravemente el derecho de libertad de expresión” y la “libertad de prensa”.
“El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la redacción del artículo 85 del proyecto porque afecta gravemente el derecho de libertad de expresión en general y el de libertad de prensa en particular”, señaló le entidad en un comunicado.
El Congreso de FOPEA.
En ese marco, solicitó a los legisladores nacionales que se aprestan a debatir la iniciativa en las comisiones “a que modifiquen la redacción para evitar la aprobación de una disposición que resultaría a todas luces inconstitucional”.
“FOPEA advierte que, tal como está redactado, este artículo lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico, al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar en un ámbito en el que podrían existir hechos de interés público”, enfatizó el texto.
Además, reclamó al Poder Ejecutivo -que envió el proyecto al Congreso- y a los legisladores, “que excluyan a los periodistas de la restricción aplicada a los funcionarios y magistrados”.
.@FOPEA rechaza el Art. 85 del proyecto de Ley de Blanqueo porque afecta la libertad de prensa https://t.co/f4JoEGevDw #LibertadDeExpresion
- FOPEA (@FOPEA)
La iniciativa, en el artículo 85, refiere a la necesidad de “guardar secreto”, a la “reserva de identidad” de los contribuyentes que ingresen al blanqueo y asegura que el procedimiento está “alcanzado por el secreto fiscal y regulado” según lo dispuesto en la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional.
Por último, el texto asegura que los funcionarios políticos o judiciales y “terceros” que divulguen o reproduzcan documentación o información "de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales incurrirán “en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”, que prevé prisión de un mes a dos años.
